Empujando adolescentes a las prisiones, por César Azabache Caracciolo

No pongo en duda que un volumen importante de adolescentes y jóvenes esté siendo reclutado por mafias de extorsión y sicariato ahora mismo. Es fácil encontrar en diarios locales noticias que apuntan en esa dirección. Constatar los niveles de deserción escolar y desempleo juvenil que enfrentamos, refuerza la sospecha. Nuestra sociedad no ha generado una oferta sólida destinada a incorporarles en espacios orientados a la organización de su futuro. En esas condiciones no pongo en duda que las mafias tengan ventajas para reclutarles.

Pero pongo en duda que la forma más inteligente de enfrentar este problema sea anunciar que en adelante las autoridades les llevarán, desde los 16 años, si cometen crímenes violentos, a cárceles construidas para adultos.

Para comenzar el anuncio es de casi imposible realización. Las cárceles peruanas tienen capacidad para albergar 40 mil personas, pero tienen alojadas 100 mil. Entre ellas hay aproximadamente 750 jóvenes que tienen 18 o 19 años y otros 3,400, haciendo un cálculo libre, que podrían tener 20 o 21 años. Con 60 mil personas en exceso el INPE no ha estado en condiciones de generar espacios verdaderamente diferenciados para alojar a los jóvenes que ya están en prisión ¿Cómo entonces pretenden el Congreso y el gobierno que reciba además a adolescentes de 16 años que tendrían que ocupar espacios especiales que no tiene disponibles?

Este mes además, el gobierno debe informar al Tribunal Constitucional qué ha hecho para resolver los problemas de hacinamiento que arrastran las prisiones para adultos en el Perú. El Tribunal declaró en mayo de 2020 que la forma en que se vive en estas cárceles representa un “estado de cosas inconstitucional” y concedió al Poder Ejecutivo 5 años para resolverlo. El régimen actual ha estado al frente del Ejecutivo por 3 de esos 5 años, de modo que es quien más responsabilidad ha acumulado en este problema en nuestra historia reciente. Pero no tiene prácticamente nada que mostrar. Y además deberá explicar al Tribunal por qué ha agravado las cosas, pretendiendo que el INPE, además, se haga ahora cargo de los adolescentes infractores violentos, cuando no ha podido hacerse cargo plenamente de los jóvenes adultos que ya tiene en prisión.

Lejos de la ley que acaba de ser promulgada, parece haber una ruta por explorar distinta. Además, por supuesto de organizar políticas públicas consistentes que nos permitan competir con las mafias en la atracción de jóvenes, está la opción de mejorar la capacidad de gestión de los centros especiales para adolescentes infractores. Más que llevar a los adolescentes violentos a las cárceles para adultos, en las condiciones en que ellas están, hay espacio suficiente para reforzar el servicio de los centros especiales construidos para ellos si miramos con cuidado el estado de las cosas.

Conforme a los registros oficiales hay aproximadamente 1,800 jóvenes internados en 10 centros especiales que tienen capacidad de albergue para 1,500. El 40% del total parece haber sido intervenido portando algún tipo de arma, un indicador claro de violencia potencial. Pero de estos 1,800, aproximadamente 1,000 ya no son adolescentes. Son jóvenes que han cumplido 18 años pero permanecen recluidos en estos centros por condenas impuestas antes de alcanzar la mayoría de edad. Entre ellos, haciendo una estimación libre, podría haber 140 jóvenes que incluso tienen más de 21 años.

Si en lugar de violar las obligaciones del Estado relacionadas con la protección a adolescentes, nos esforzáramos en crear ambientes especiales para estos mil jóvenes adultos, los centros especiales adquirirían un espacio libre equivalente al 47% de su capacidad actual. La reducción del total de población internada liberaría recursos. Un esquema de este tipo trasladaría la demanda de recursos a la atención de los jóvenes ya adultos que saldrían del sistema, pero dotaría a los centros especiales de un margen que permitiría mejorar su rendimiento. Si por esta vía se lograra mejorar la capacidad de gestión del sistema de intervención sobre adolescentes, ¿para qué reemplazarlo por la prisión para adultos? ¿Elevar el tono de la amenaza anunciando que se usará cárceles que no se pueden gestionar es verdaderamente buena idea?

El problema que tenemos que resolver se refiere a la forma en que se configuran los establecimientos en que serán retenidos los adolescentes mientras sea necesario y adecuado hacerlo. Usar el Código Penal si nos parece lo más apropiado y dar cabida a los tribunales penales ordinarios aquí no parece ser un verdadero problema. La cuestión estriba en establecer si las cárceles, que no están preparadas suficientemente ni siquiera para recibir más adultos, pueden además recibir adolescentes de 16 años sin empeorar más las cosas.

Resulta además especialmente paradójico que el Congreso y el Ejecutivo quieran resolver el problema del reclutamiento de adolescentes por bandas (al que nos referimos al principio de estos comentarios) anunciando que internarán adolescentes en cárceles que no pueden recibirlos. Especialmente paradójico si tomamos en cuenta que el anuncio incluye al mismo gobierno que hace muy poco puso en evidencia no tener verdadera capacidad para intervenir adultos en flagrancia en casos de extorsión y sicariato. En general, anunciar que se impondrá un régimen extremo a adolescentes que probablemente no podrán ser identificados con precisión resulta un pésimo negocio. Una forma indirecta de facilitar su reclutamiento por las mafias, especialmente porque el crimen organizado sí sabe como identificarlos y tiene como simular que les protege.

Una sociedad que no está ofreciendo alternativas de vida constructiva a los adolescentes ni a los jóvenes pretende llevarlos a cárceles que no sabe cómo manejar.

Es como empujarlos a una violencia sin matices.