Los enemigos de las niñas, por Indira Huilca

No es suficiente que en el Perú se haya registrado una violación sexual cada 40 minutos durante los primeros tres meses de este año. Ni que en 2023, 1357 niñas menores de 14 años hayan sido obligadas a dar a luz producto de una violación sexual. Y mucho menos que el Estado peruano haya sido sancionado por instancias internacionales en tres ocasiones —2005, 2011 y 2023—,  por violar los derechos de tres menores al impedirles acceder al aborto terapéutico en el sistema de salud pública, a pesar de que este se encuentra despenalizado desde 1924. 

Para grupos religiosos ultraconservadores y personajes como la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), esta tragedia que vivimos con miles de mujeres y niñas peruanas violentadas sexualmente no es suficiente, por eso han emprendido una campaña de ataques, mentiras y presión política contra la Maternidad de Lima para dejarnos aún más desprotegidas. El objetivo es que esta entidad pública no siga implementando su Guía de Aborto Terapéutico. 

Lo que buscan Jáuregui y sus operadores antiderechos, como el grupo autodenominado “padres peruanos”, es impedir, por ejemplo, que niñas como “Mila”, quien a los 11 años quedó embarazada luego de ser abusada sexualmente por su padrastro desde los 6 años, no accedan al aborto terapéutico. En su caso, la junta médica del Hospital Regional de Loreto rechazó realizarle el aborto terapéutico señalando que ese embarazo no representaba una afectación para su vida o su salud. Tras una nueva evaluación, fue la Maternidad de Lima la que realizó este procedimiento, argumentando que la gestación sí representaba un riesgo grave para su salud física y mental: como lo es para toda niña de 10, 11, 12, 13, 14 o 15 años. Usaron un criterio básico de salud pública que incluye considerar el impacto en la salud mental y un enfoque desde la niñez. Y esto es lo que para la señora Jáuregui es inadmisible, lo califica de “ilegal” y la ha motivado a citar al director de la Maternidad de Lima al Congreso, frente al silencio cómplice del Ministro de Salud, el acuñista César Vásquez.

No es ético ni humano obligar a una niña a gestar. Sostener que una niña con depresión, tras ser violentada sexualmente por el padre, padrastro, abuelo u otro abusador, puede llevar un embarazo que no represente un grave riesgo para su vida y su salud es pura hipocresía y maldad. No permitamos más retrocesos. Son niñas, no madres.