La impunidad reina en el Congreso

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) ha sido convertida por los miembros de la alianza gobernante del Congreso en un aparato de represalia y blindaje descarado.

El viernes, La República informó sobre el blindaje realizado a la presidenta Dina Boluarte, a través de una interpretación arbitraria de la Constitución. Ahora, los órganos autónomos operadores de justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden investigar a un presidente por delitos comunes hasta que concluya su mandato.

Además de ello, la SAC también decidió proteger a un grupo de sus propios miembros al declarar improcedente una denuncia por peculado que involucra a siete congresistas.

Kira Alcarraz, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga, Jorge Zeballos, Diego Bazán y Rosangella Barbarán fueron los ahora protegidos por dicha subárea parlamentaria, de la cual Chirinos también fue juez y parte, al votar a favor de su blindaje.

La decisión de la SAC de blindar a la presidenta y a estos congresistas en un mismo día configura un conjunto de evidencias sobre lo ilegítimas que resultan sus conclusiones.

La transparencia no solo consiste en evidenciar la legalidad de los actos realizados, sino también en actuar justamente. Esto es, respetando principios fundamentales como el de igualdad ante la ley y el debido proceso ante denuncias penales, incluso cuando son contra funcionarios públicos como deberían ser por excelencia los parlamentarios y, por supuesto, la presidenta de la República.

Ignorar las denuncias a ciertos personajes públicos y arremeter —sin criterios jurídicos— contra enemigos políticos afectan directamente la integridad del sistema político y la convivencia social.

En un contexto en el cual la criminalidad se apodera de las más diversas dinámicas económicas y sociales, estas acciones influyen negativamente en la profundización sistemática del problema de ilegalidad en el país.

En este punto, los peruanos deben saber que es una urgencia histórica escoger un Congreso que actúe con ética y proteja los intereses de la nación, no los de unos pocos, de forma injusta.

Por lo mismo, la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para los partidos políticos que planteen ser una opción viable en el Perú, por lo que es fundamental que todos los actores políticos se comprometan a erradicar estas prácticas y a restablecer el Estado de derecho en el Perú.