Colegios del Perú son extorsionados en clases virtuales

La extorsión en el Perú ha tomado un giro alarmante, lo que afecta no solo a empresas y negocios, sino también a nuestras instituciones educativas. La reciente situación vivida por el colegio Pitágoras en Los Olivos, donde un extorsionador irrumpió en una clase virtual.

Este evento no se debería considerar un caso aislado, sino parte de un fenómeno creciente en el que los delincuentes utilizan herramientas digitales para extorsionar a colegios y, con ello, amenazar el futuro educativo de niños peruanos.

Este ataque no solo interrumpe el proceso educativo nuevamente, sino que también genera un impacto profundo en la salud mental de los estudiantes y sus familias, quienes enfrentan un contexto de miedo y vulnerabilidad.

Mientras el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el nuevo ministro del Interior no ofrecen acciones para afrontar la grave crisis de inseguridad que atraviesan los peruanos, la confusión y el pánico se apoderan de los menores, quienes, en su inocencia, se preguntaron qué significaba la palabra “atentado”.

Es inaceptable que mientras las clases virtuales se convierten en la única opción para garantizar la continuidad educativa, las autoridades no presenten un plan claro y contundente para enfrentar esta criminalidad.

Es indignate que el gobierno minimice la situación, lo han hecho en algunas declaraciones. Es su deber atender a las instituciones que están desprotegidas y desamparadas ante el avance de la extorsión.

Los padres de familia, que han realizado plantones para expresar su indignación y miedo, están en lo correcto al exigir respuestas. La posibilidad de que los colegios suspendan las clases por completo es una amenaza real que podría dejar a miles de niños sin educación en un momento en que más la necesitan. La renuncia de profesores, asustados por la situación, solo empeora la crisis educativa que el país ya enfrenta.

Es imperativo que el Gobierno tome medidas urgentes y efectivas para proteger a los colegios y garantizar un entorno seguro para la educación. Sin acciones concretas, corremos el riesgo de condenar a toda una generación a un futuro incierto, en el que el miedo a la extorsión predomine sobre la educación y el desarrollo.