El trueque político y los 21 votos, por Diego Pomareda

Nuestra forma de gobierno ha transitado hacia el semiparlamentarismo, es decir, ya no estamos ante un presidente poderoso con un Congreso carente de consensos, sino que ahora vivimos en un escenario parlamentario en el que los acuerdos priman, subordinando a la presidencia y dictando la agenda pública. Frente a esto, ¿nos cuesta entender esta nueva forma de conciliar acuerdos? ¿Somos tan inmaduros que no podemos asimilar que los pactos son una parte de la política?

Es cierto que en nuestro país cualquier acuerdo político se asocia, de forma equivocada, con la idea de repartija. Sin embargo, no podemos permitir que lo que se negocie en esos puntos de encuentro afecte la tranquilidad y la dignidad de los peruanos. Los compromisos a los que se llegue deben basarse en ideas, programas o incluso principios políticos, pero nunca en intereses particulares que se aparten del bien común.

En términos de Zagrebelsky, lo que sucede en el Perú no puede considerarse una auténtica negociación política, sino más bien un juego de “leyes pactadas” regido por la dinámica del “do ut des” (doy para que me des). Este tipo de acuerdos son “contradictorios, caóticos, oscuros” y dejan claro que, en este contexto, “todo es susceptible de ser negociado, incluso los más altos valores”.

Así llegamos a que un partido negocia el apoyo a la ley antiforestal a cambio de habilitar a los profesores desaprobados para que puedan ingresar a la carrera magisterial. A su vez, otros pactan la eliminación de los controles periódicos de la calidad universitaria, mientras ceden a otro partido el aval para ampliar el Reinfo y dificultar la incautación de materiales propios de la minería ilegal.

Bajo esta lógica, la impunidad se convierte en moneda de cambio. Los partidos políticos no pueden ser juzgados penalmente, se reduce el plazo de la colaboración eficaz, se busca la prescripción de delitos y se concentra el poder. Eso explica cómo el exabogado de Cerrón llega a ser defensor del pueblo, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional afines al Congreso y las protecciones mutuas ante denuncias éticas y constitucionales.

Lo expresado muestra porqué la fórmula matemática de 21 votos que mencionó la líder del fujimorismo carece de validez. No se trata de suma de votos por partidos que tienen una ideología común, sino de beneficiar intereses particulares en desmedro de los peruanos, para lo cual es muy útil crear un enemigo común que solo existe en la cabeza de los que se unen para destruir al país.