Duterte, el largo brazo de la justicia internacional, por Diego García-Sayán

En 2021, tuve un enfrentamiento con el entonces presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, durante una visita oficial a ese país como Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial. Para ese momento, las atrocidades de su régimen ya eran ampliamente conocidas: más de 9,000 ejecuciones extrajudiciales, incluidos jueces y abogados, además de una sistemática injerencia contra la independencia judicial.

Un mes antes de mi visita, Duterte había logrado la destitución de la presidenta de la Corte Suprema, Maria Lourdes Sereno, luego de declararla públicamente su "enemiga". La primera mujer en presidir la Corte, afirmó que su salida no era una derrota, sino una victoria mientras la lucha por la justicia continuara.

Años después, la justicia internacional finalmente alcanzó a Duterte: la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó su arresto.

Una excusa para el terror

Según cifras oficiales, entre 2016 y 2020, la Policía Nacional de Filipinas y la Agencia Antidrogas mataron a 5,903 personas en operativos antidrogas. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estimó la cifra en 8,663, mientras que grupos locales de derechos humanos la triplicaban. Durante la pandemia, las ejecuciones aumentaron más del 50%, alentadas abiertamente por Duterte, quien en 2021 llegó a ordenar a funcionarios de aduanas que mataran a presuntos traficantes.

Durante mi visita a Filipinas, hice públicas estas denuncias. El régimen reaccionó con hostigamiento: equipos de seguridad me seguían de cerca y Duterte me atacó y amenazó en discursos y medios, gritándome que me fuera “al infierno". A un periodista que me pidió una reacción, respondí con ironía: "No tengo interés en visitar ese lugar… pues no necesito conocer a Duterte".

Libertad de expresión bajo asedio

El ataque a la prensa fue otra constante. Semanas antes de mi llegada, un tribunal de Manila condenó a la periodista Maria Ressa, directora de Rappler, y al investigador Reynaldo Santos Jr. por ciber difamación, aplicando retroactivamente una ley. A esto se sumaron asesinatos de periodistas. Como el de Jobert Bercasio, quien en 2020 fue el 17º periodista asesinado bajo Duterte y el número 189 desde la restauración de la democracia en 1986.

En 2019, un tribunal de Manila condenó a algunos autores de la masacre de Maguindanao (2009), donde 58 personas fueron ejecutadas por una familia política local. Sin embargo, casi 80 sospechosos quedaron en libertad, evidenciando cómo la justicia se volvía incómoda para el poder.

El manual del autoritarismo

Duterte siguió el guion de todos los líderes autoritarios: atacó a defensores de derechos humanos y periodistas, acusándolos de "usar los derechos humanos como un arma". Su gobierno y las fuerzas de seguridad utilizaron redes sociales para lanzar amenazas que no quedaron solo en palabras: entre 2020 y 2021, decenas de personas etiquetadas como "enemigos" fueron asesinadas.

Las tácticas de Duterte encuentran paralelismos en otros países, incluido el Perú, donde los sectores más extremistas son los que utilizan estrategias similares: desinformación, criminalización de defensores de derechos humanos y ataques a la independencia judicial.

Independencia judicial: el largo brazo de la justicia

Varias oficinas y funcionarios de la ONU me advirtieron en 2021 sobre los riesgos de mi visita a Filipinas. "Duterte es capaz de todo", me iban diciendo todos. No solo había impulsado Duterte miles de ejecuciones extrajudiciales en nombre de su "guerra contra las drogas", sino que había intervenido descaradamente en la justicia, como con la destitución de Maria Lourdes Sereno.

Pero ni su poder ni su violencia le sirvieron para evadir la justicia internacional. Jueces y fiscales en Filipinas siguieron luchando por su independencia, y las denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional avanzaron. Y lleve a cabo mi visita y provechosos intercambios en Manila con juristas, activistas de derechos humanos y periodistas.

Ahora, Duterte enfrenta su destino en La Haya.

La impunidad no es eterna. Y la justicia internacional es clave. Y lo será, también, en casos más recientes denunciados, Como los que aún se encuentran bajo examen en el despacho de Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional.