El colapso de la integridad, por Cynthia Cienfuegos

Una de las características de un país como el nuestro, que ha privilegiado históricamente intereses particulares por encima del bien común, es la aversión a la fiscalización, a la vigilancia ciudadana y a la rendición de cuentas. Tenemos una Ley de Transparencia y acceso a la información pública, y un marco normativo amplio para que el Estado garantice la transparencia de las obras públicas, pero también privadas. Sin embargo, de manera paralela a la norma, en el día a día, sobrevivimos dentro de un sistema de viejas prácticas y mañas administrativas, operativas y políticas que socavan la calidad de los servicios y de las infraestructuras, y con ello los derechos fundamentales de millones de peruanos. Y así, en todo este entramado se ha institucionalizado la coima, el soborno, el tráfico de influencias, la malversación de fondos, la compra de materiales de baja calidad o el no cumplimiento del mantenimiento a las obras. Esto ya no es “por lo bajo”. Nos enfrentamos a prácticas totalmente normalizadas y ejercidas a plena vista de la ciudadanía.

Por décadas, los organismos no gubernamentales, esos que paradójicamente el sistema político hoy quiere silenciar, han advertido sobre la importancia de la transparencia e integridad en las infraestructuras públicas y privadas.

El colapso del techo del Real Plaza Trujillo, perteneciente a uno de los grupos empresariales más grandes del Perú, se pudo haber evitado si tan sólo las personas involucradas- desde los políticos que promueven leyes hasta los empresarios, funcionarios y técnicos - hubieran hecho su trabajo con integridad. Pero en algún lugar de la cadena de responsabilidades se guardó silencio frente a una alerta que ya se emitía desde hace más de un año. En algún lugar de la cadena, alguien priorizó los intereses particulares por encima del bienestar de las personas. El saldo son 8 fallecidos y más de 80 heridos.

La corrupción no es un concepto abstracto y mucho menos únicamente público. Hoy está cobrando vidas, y cada vez con mayor agresividad. En un panorama de desconfianza absoluta, vale la pena volver la mirada a las acciones de vigilancia y fiscalización desde la ciudadanía organizada.