Colorantes artificiales y salud: estos aditivos pueden causar cáncer y otros daños, por Moisés Barrantes

La FDA, el organismo de Estados Unidos encargado de regular la calidad de los alimentos y medicamentos, ha lanzado una alerta sobre el uso de colorantes artificiales en productos de consumo masivo. Estas sustancias aditivas están presentes en alimentos, bebidas e incluso en medicamentos y pueden representar un riesgo para la salud, llegando a causar diversas enfermedades, incluido el cáncer, según estudios realizados en animales. Ante esta evidencia, la FDA ha prohibido que las empresas continúen comercializando productos que contengan estos colorantes.

Las investigaciones de la FDA han revelado detalles preocupantes. Se ha determinado que estos aditivos aparecen en productos ultraprocesados y generan distintos efectos adversos. Por ejemplo, el colorante rojo No. 40 altera el microbioma intestinal, lo que supone un riesgo para la salud; el colorante amarillo puede causar hiperactividad en los niños; además, algunas personas presentan reacciones alérgicas al consumir estos aditivos. A largo plazo, los efectos pueden ser aún más graves.

Desde hace años, se sospechaba que los colorantes empleados como aditivos podían ser perjudiciales para la salud, y ahora la ciencia lo confirma. La eritrosina (colorante rojo No. 3), el rojo No. 40 y el amarillo, entre otros, han sido identificados como sustancias riesgosas, especialmente para niños y jóvenes, quienes son los principales consumidores de alimentos, bebidas y medicamentos con estos aditivos. Todos estos colorantes tienen un potencial riesgo de provocar inflamación, hipersensibilidad e incluso cáncer.

¿En qué productos están presentes estos colorantes?

Una gran variedad de productos contienen colorantes artificiales, entre ellos:

• Alimentos procesados: frutas y verduras en conserva (como fresas, cerezas y remolacha), dulces, caramelos, gomitas, tortas, pasteles, salsas y condimentos (incluida la salsa de tomate).
• Bebidas: refrescos, jugos artificiales y otras bebidas saborizadas.
• Medicamentos: jarabes para la tos, antibióticos en suspensión, cápsulas y tabletas.

Las familias con niños y jóvenes son las principales consumidoras de estos productos, lo que aumenta la preocupación sobre sus efectos en la salud.

Responsabilidad del Estado y de la sociedad

Salud y educación son pilares fundamentales de una sociedad y deben ser protegidos para garantizar un desarrollo armonioso. En los países desarrollados, los gobiernos asumen su responsabilidad y establecen medidas para evitar daños a la población, incluso reflejándolo en sus constituciones. En este contexto, prohibir la venta de productos que afecten la salud debería ser una medida indispensable.

Por ello, resulta positiva y bien recibida la postura de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), que ha alzado su voz de protesta en defensa de la salud pública. ASPEC ha señalado que no basta con alertar sobre los riesgos del consumo de colorantes artificiales, como lo ha hecho el Ministerio de Salud a través de comunicados. Más allá de advertir y sugerir evitar su consumo, es necesario prohibir la venta de estos productos.

Cuando la corrupción se infiltra en la sociedad, los poderes del Estado quedan sometidos a su lógica. En este escenario, algunos dirigentes y políticos utilizan su influencia para normalizar prácticas que afectan la salud pública, priorizando los intereses económicos por encima del bienestar de la población. Mientras tanto, empresas vinculadas a grandes corporaciones transnacionales siguen comercializando productos con colorantes artificiales en países donde las regulaciones son más laxas.

Un problema complejo que debe solucionarse

El impacto de los colorantes artificiales en la sociedad va más allá del daño a la salud. Se entrelaza con negocios ilícitos y prácticas corruptas con fines económicos, un bajo nivel de educación que hace a los consumidores vulnerables a estímulos sensoriales (color, olor y sabor de los productos), y un sistema político que en muchos casos favorece los intereses empresariales por encima del bienestar ciudadano.

El problema es complejo, pero su solución es urgente. La salud de la población debe estar por encima de los intereses comerciales, y el Estado tiene la responsabilidad de tomar medidas concretas para protegerla.