Sed que mata, por Rafael Belaunde Llosa

El Perú ostenta la penosa distinción de ser el país con menor cobertura de agua potable en América del Sur y el antepenúltimo en Latinoamérica. Más de 3,360,000 peruanos no cuentan con acceso a la Red Pública de Agua (RPA); peor aún, el acceso a la RPA no garantiza la continuidad del servicio. En Lima, donde el 93.5% de la población tiene acceso a la RPA, más de 548 mil ciudadanos reciben menos de 9 horas diarias de agua, y 700 mil personas no tienen conexión a la red. Es decir, el 11.5% de los limeños no cuenta con cobertura o la recibe de forma deficitaria. El panorama en el interior del Perú es mucho peor, donde es común encontrar localidades que reciben agua solo dos horas cada 15 días.

Según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el déficit de infraestructura de agua y desagüe asciende a 120 mil millones de soles a nivel nacional, y solo para Lima es de 46 mil millones de soles. La magnitud de esta cifra hace urgente desarrollar mecanismos para convocar capitales, tanto públicos como privados, que permitan cerrar esta brecha en el menor tiempo posible.

Contar con una adecuada cobertura de suministro de agua y desagüe impacta de manera significativa en el bienestar. Una familia pobre urbana sin conexión paga 51 soles mensuales por agua, mientras que una conectada paga 33 soles. Por cada dólar invertido en agua, se ahorran 5.5 dólares en servicios de salud. Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) se reducen en un 10% con acceso al agua y en un 20% con saneamiento; la desnutrición disminuye en un 13% con saneamiento, y la anemia en un 8% al incrementar en un 10% la cobertura de saneamiento.

Una cruzada nacional para cerrar la brecha de agua potable y desagüe es una obligación moral hacia los ciudadanos más pobres y debería ser un tema de consenso entre las diversas fuerzas políticas. Ojalá los intereses políticos y los prejuicios ideológicos no se interpongan en el camino.