¿Cómo fue que una denuncia fiscal contra Evo Morales por supuestos actos ilegales cometidos contra menores de edad casi esté a punto de convertirse en una insurrección popular en toda la línea?
Los simpatizantes de Evo han tomado en Bolivia bases militares, han capturado a 200 rehenes entre los efectivos y bloquean caminos de acceso a la ciudad de La Paz.
Para enrarecer más el ambiente, el expresidente Morales anuncia el inicio de una huelga de hambre por lo que considera una persecución política en su contra y de sus adeptos, mientras que el actual mandatario, Luis Arce —ex ministro de Economía en uno de los gobiernos de Morales—, denuncia que hay una acción golpista y antidemocrática en marcha. “Es una escalada desestabilizadora”, ha dicho.
Los adeptos de Morales y el propio ex jefe de Estado reclaman que se instale una mesa de diálogo y se acepte su nueva candidatura a la presidencia.
El MAS, partido de Gobierno, se muestra cada vez más dividido y las crisis de gobernabilidad se suceden una tras otra, lo que genera un clima sumamente adverso para la gestión gubernamental y para las inversiones de cualquier tipo.
El país hermano se debate una vez más en una grave crisis política, provocada por Evo Morales y su voluntad de retorno al poder. En la anterior ocasión, hizo caso omiso a una prohibición expresa de la Constitución para la reelección presidencial y convocó a un referéndum para superarla. Se desató entonces una asonada de protestas con trágico resultado. Ahora vuelve a la carga con el mismo objetivo, pero en esta ocasión con un estigma judicial por un presunto abuso sexual de menores, con denuncias efectuadas en Bolivia y ahora también en Argentina.
Solo queda esperar que retorne la calma a Bolivia y que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación judicial contra el exmandatario Evo Morales. El poder no puede ser usado como cortina cuando lo que se requiere es transparencia y legalidad.