Una derrota para la coalición mafiosa, por Indira Huilca

Los recientes paros en Lima y otras ciudades importantes deben ser considerados como una clara derrota táctica de la coalición gobernante, compuesta por Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos, entre otros. Estos grupos han intentado minimizar las protestas y deslegitimar a sus convocantes; sin embargo, su estrategia ha tenido el efecto contrario, y se reactivaron sectores previamente desmovilizados, como transportistas, emporios comerciales, mercados y universitarios.

Es notable que estos sectores no solo han denunciado abiertamente las leyes prodelincuencia aprobadas por el Congreso, sino que, junto con una amplia mayoría de la opinión pública, han rechazado la agenda demagógica que Fuerza Popular y sus aliados intentan imponer. Este rechazo se manifiesta en iniciativas como la creación de un delito de terrorismo urbano, la solicitud de la presencia militar en las calles y los intentos de retirar a Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la mayoría de la población, las propuestas de “mano dura” frente a la delincuencia, formuladas por Keiko Fujimori y sus aliados parlamentarios, resultan inverosímiles, ya que ellos son parte del problema.

El costo político de estas acciones es alto para los partidos que controlan el Congreso, lo que sugiere que podrían intentar trasladar la responsabilidad del desgobierno exclusivamente a Dina Boluarte, buscando una vacancia presidencial que no amenace su permanencia en el poder. Esta alianza se revela, por tanto, como incapaz y precaria.

Adicionalmente, la coalición gobernante parece ignorar que quienes han protagonizado los paros son sectores populares y emergentes de una Lima que ha votado mayoritariamente por la derecha en las últimas elecciones. Hasta hace poco, se argumentaba que la falta de protestas se debía a la apatía, sin reconocer el peso del dolor por la muerte  y la injusticia con los que se inauguró este gobierno. Ahora, es la respuesta frente a la criminalidad la que debe unir a un bloque democrático amplio capaz de derrotar definitivamente a la alianza que ha usurpado el poder.