Imagine un jardín con diferentes tipos de plantas. Algunas crecen fuertes y sanas, dando frutos abundantes, mientras que otras, en el mismo terreno, apenas sobreviven y producen poco o ningún fruto. La diferencia está en las prácticas de manejo y riego: algunas promueven el crecimiento, mientras que otras son ineficaces. Las instituciones de un país son como esas prácticas: algunas, como las que protegen los derechos de propiedad o garantizan el estado de derecho, fomentan el crecimiento y permiten que la sociedad prospere. Otras, plagadas de corrupción o ineficiencia, apenas sostienen la estructura, permitiendo la mera supervivencia, pero no fomentan el crecimiento. Los ganadores del Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, han mostrado cómo estas “prácticas” institucionales determinan si una nación prospera o se marchita.
El reconocimiento con el Nobel para estos economistas no sorprendió a quienes hemos seguido sus investigaciones. Su trabajo puso en primer plano la importancia de las instituciones y su historia en el estudio del desarrollo de las naciones, cambiando para siempre cómo pensamos en economía.
¿Qué son las instituciones? Son las reglas formales e informales que estructuran la vida económica y política de una sociedad. Algunas son visibles, como los sistemas judiciales y las leyes; otras son menos tangibles, como las normas culturales que influyen en nuestro comportamiento. Estas reglas definen cómo se toman las decisiones, establecen incentivos para la innovación y el crecimiento, y regulan las interacciones entre individuos y organizaciones. Los recientes ganadores del Nobel hacen una distinción entre dos tipos de instituciones, las inclusivas —que fomentan la participación amplia y el acceso equitativo a los recursos, facilitando el crecimiento— e instituciones extractivas, que están diseñadas para favorecer a una élite, limitando el desarrollo y perpetuando la desigualdad.
Uno de los aspectos más innovadores de su trabajo ha sido usar la historia como un laboratorio. Así, los economistas observaron cómo la introducción de instituciones inclusivas en algunos países colonizados ha contribuido a un crecimiento sostenido, mientras que en otros, donde se establecieron instituciones extractivas, el desarrollo ha sido limitado. El caso de las antiguas colonias es paradigmático: países que eran ricos antes de la colonización, como aquellos en África y América Latina, hoy son relativamente pobres debido a, entre otras razones, , la imposición de instituciones extractivas que han perdurado.
En Perú, el papel de las instituciones ha sido fundamental para explicar tanto nuestros avances como nuestros retrocesos. A inicios de los años 90, se implementaron reformas que trajeron estabilidad económica y atrajeron inversión privada. Estas reformas incluyeron la independencia del Banco Central de Reserva (BCRP), la creación de un marco jurídico claro, la protección de los derechos de propiedad y la apertura comercial. Estas instituciones fueron esenciales para generar confianza en los mercados y estimular un crecimiento sostenido. El Producto Bruto Interno (PBI) del país creció de manera acelerada, y la inversión privada aumentó un 524% entre 1990 y 2023.
Sin embargo, mientras que estas instituciones económicas fomentaron la inversión y la estabilidad macroeconómica, el desarrollo de instituciones encargadas de proporcionar servicios públicos de calidad —como la educación, la salud y la infraestructura— fue insuficiente. Las instituciones encargadas de distribuir estos servicios, fundamentales para el bienestar de la población, no lograron consolidarse con la misma eficiencia. Como resultado, el crecimiento económico, que fue la principal causa de que millones de peruanos salgan de la pobreza, no estuvo acompañado del desarrollo de una clase media estable y más competitiva, con acceso a mejores servicios.
Según el Reporte de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial, Perú se ubicó en el puesto 94 de 141 países en el indicador de instituciones, reflejando el debilitamiento en aspectos clave como el costo del crimen organizado (puesto 134), la confianza en la policía (131), la independencia judicial (122) y la eficiencia del sistema legal para resolver disputas (134).
Un indicador más reciente es el Índice de Competitividad Mundial del IMD, donde en 2024 nuestro país ocupa el puesto 63 de 67 países, la clasificación más baja registrada en años recientes. Esto refleja los efectos de las crisis económicas, políticas y sociales que han golpeado al país.
El Índice de Estado de Derecho 2024, del Proyecto por la Justicia Mundial, sitúa a Perú en el puesto 90 de 142 países, el puntaje más bajo registrado desde 2015. Este índice destaca problemas críticos como la falta de independencia judicial y la corrupción en el sector público, que impiden que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa.
Asimismo, el Perú ha mostrado una tendencia a la baja en dimensiones críticas como el control de la corrupción, la efectividad del gobierno y la estabilidad política, según los Indicadores de Gobernanza Global (WGI) del Banco Mundial.
Como vemos, la evidencia nos señala que nuestras instituciones no son eficaces ni transparentes y están en un franco proceso de deterioro. Es en este contexto que las enseñanzas de Acemoglu, Johnson y Robinson se vuelven cruciales para entender por qué no hemos logrado el crecimiento que otros países, con instituciones más sólidas, sí han experimentado.
Para retomar la senda del desarrollo, es urgente fortalecer nuestras instituciones. Las reformas de los 90 nos enseñaron que es posible generar crecimiento económico a través de instituciones sólidas, pero también nos dejaron claro que se necesitan instituciones fuertes para promover un desarrollo más inclusivo con mayor competitividad. Necesitamos un esfuerzo concertado para consolidar instituciones inclusivas que no solo atraigan inversión, sino que también distribuyan los beneficios del crecimiento de manera equitativa. Debemos mejorar la calidad de los servicios públicos, garantizar la independencia judicial y erradicar la corrupción que ha minado la confianza de los peruanos en sus instituciones.
El deterioro institucional que hemos presenciado en los últimos años no es irreversible. El Premio Nobel de Economía 2024 nos recuerda que las instituciones importan y están en nuestras manos. En Perú, tenemos la oportunidad de corregir el rumbo, de construir instituciones que verdaderamente sirvan a todos los ciudadanos y sean sostenibles.