Los extorsionadores actúan en contra de los ciudadanos sin importar su condición social, económica y edad. Lo hacen al amparo de ciertas leyes que ha dado el Congreso de la República. Estos han instaurado en el Perú el reino del terror y la incertidumbre, convirtiendo la inseguridad ciudadana como la prioridad número uno por resolver, batalla que de lejos el Estado está perdiendo.
Al respecto, un gran sector de la población manifiesta: “Los primeros extorsionadores son los congresistas que les mochan el sueldo a sus trabajadores a cambio de mantenerlos en sus puestos de trabajo”. Valga la oportunidad para recordar que por ese motivo hay congresistas que están siendo investigados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en el Ministerio Público. Sin embargo, ante el asombro de la población los llamados mochasueldos están siendo blindados en las comisiones del Congreso, haciendo que tome fuerza la frase “otorongo no come otorongo”.
Por otro lado, los congresistas hacen el amague de interpelar y censurar ministros, muchas veces estos no se llevaron a cabo, porque los proponentes retiraron sus firmas de respaldo, y se dejaron sin efecto dichas prácticas parlamentarias, gestando de esa manera la sospecha de que lo habrían hecho a cambio de recibir alguna prebenda.
Esto indica que el Gobierno del Perú está en manos de congresistas que han perdido el sentido cívico, patriótico y democrático, así como la credibilidad, por lo que sin ningún reparo sostienen a una impopular presidenta Dina Boluarte, quien a su vez ha optado por una cómoda sumisión, y lo hace con la seguridad de que los congresistas le garantizarán su permanencia en el cargo hasta el 2026, así como la estabilidad para sus cuestionados y desaprobados ministros. Este acto por la sutileza como lo realizan, sea desde el escaño o los corrillos del Congreso, constituye una extorsión a mano alzada.