Tierra de nadie, por Rafael Belaúnde Llosa
No hay economía posible, ni nuevas inversiones, ni desarrollo, si las calles no están dominadas por el imperio de la ley, sino por el delito.
El crimen organizado, la extorsión y el sicariato se apoderan de la ciudad ante la pasividad e ineptitud del gobierno de Dina Boluarte y la complicidad del Congreso que, como se sabe, tiene rabo de paja y legisla en favor del crimen. Es el enorme costo de tener “al gato de despensero”.
La inseguridad ciudadana es la principal amenaza, tanto para la seguridad de los peruanos como para la prosperidad económica. No hay economía posible, ni nuevas inversiones, ni desarrollo, si las calles no están dominadas por el imperio de la ley, sino por el imperio del delito.
Prevalecer frente a esta situación solo será posible bajo el liderazgo firme del jefe de gobierno. Solo la institución de la Presidencia de la República puede articular al Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, empresas de comunicaciones y entidades financieras para que trabajen cohesionadas en contra del crimen. Lamentablemente, la señora Boluarte no es consciente de la gravedad del momento y se empecina en disfrutar de las frivolidades del cargo en vez de ponerse a trabajar.
Es urgente derrotar la extorsión, que aflige tanto a emprendedores (medianos y pequeños) como a choferes de combi y vendedores ambulantes. Un grupo compacto y empoderado de policías, elegidos rigurosamente, que cuente con mecanismos confiables para que las víctimas denuncien, es necesario.
Este equipo debe tener la capacidad de generar inteligencia operativa, interceptar llamadas y hacer seguimiento del dinero del pago de los cupos extorsivos que se realiza a través de las cuentas asociadas a líneas telefónicas móviles, entre otras atribuciones. Derogar la ley “Anti-Allanamientos”, incorporar la extorsión a la figura de organización criminal, así como contar con fiscales y jueces ad hoc.
Devolverle al ciudadano de a pie la tranquilidad de caminar y trabajar en las calles es una responsabilidad de la cual el gobierno no puede claudicar.