Estatizando las ONG, por Mirko Lauer

El congresista Alejandro Aguinaga debe recordar el momento en que los gobiernos extranjeros empezaron a considerar al régimen fujimorista como inaceptable. Las fugas paralelas de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no demoraron en llegar. Eran otras circunstancias, pero el núcleo del asunto se parecía mucho al de hoy.

Cuando países a los que el gobierno peruano pide inversiones y ayuda de todo tipo levantan una ceja, es hora de que aquí paremos la oreja. Si 16 embajadas de Norteamérica y Europa emiten un escueto pero elocuente comunicado en defensa de las ONG amenazadas por el Congreso, la preocupación por la ciudadanía en el Perú está sobre la mesa.

Las embajadas actúan representando a “socios en la cooperación con el Perú”, lo cual es cierto. Pero son bastante más. Muchos de ellos son inversionistas que con sus negocios ayudan a mantener saludable la economía local. También pueden ser socios militares, educativos, tecnológicos o asistencialistas, aportándonos lo que no nos sobra.

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El espectáculo de una mayoría parlamentaria tratando de neutralizar a las ONG del país (el Apra ya intentó esto en uno de sus gobiernos, algunos recordarán) es algo claramente inspirado en la penosa familia sátrapa nicaragüense. Los ministros se mantienen calladitos, como si no tuviera que ver con ellos.

Los países firmantes del comunicado dicen que la enmienda propuesta por Aguinaga busca quitarle todo poder a la sociedad civil de este país, algo que termina repercutiendo en la vigencia de los derechos humanos y la capacidad de actuar de la ciudadanía. La idea es volvernos uno de esos países de zombies cada vez más frecuentes en el mapa mundial.

La propuesta de enmienda a la Ley 27692 no viene sola. La acompaña en estas semanas el desmantelamiento de los movimientos regionales, la cancelación de la lesa humanidad, la búsqueda de impunidad de los partidos y otros pasos en el camino hacia el poder omnímodo del Estado. ¿Esta gente quiere que votemos por ella en el 2026?

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Es fundamental pronunciarse y actuar en defensa de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y de las más de 1,000 ONG, registradas o no, más o menos una cuarta parte ambientales. Recordémosles a los inquilinos del poder que “no gubernamental” quiere decir ciudadano, ni más ni menos. El fiscal Aguinaga debe saberlo.