Institucionalidad y recuperación económica, por Kurt Burneo
"Se cambia la normatividad de forma sesgada, generando poca o nula predictibilidad".
Es conocida la existencia de las actuales dificultades del contexto político del país, que a primera vista claramente dificultan la recuperación económica, por ejemplo, para recuperar la dinámica del crecimiento o de la inversión. Más preocupante es que la inestabilidad política empieza a corroer la estructura institucional del país, lo que hará mucho más largo y complejo el camino de la recuperación económica. ¿Por qué afirmo esto?
En todas las sociedades hay distintos grupos de interés, de allí que para la coexistencia de estos se requieran instituciones económicas públicas, basadas en la normatividad, usos y costumbres que rigen las relaciones sociales y económicas al interior y entre estos. Más específicamente, las instituciones en el ámbito económico son el conjunto de entidades constituidas en el tiempo, encaminadas a regular y establecer normas que facilitan el funcionamiento de las sociedades y la economía.
La concentración de poder en un Congreso con iniciativas legislativas impredecibles y, en los hechos, con ilegales iniciativas de gasto son pieza fundamental de la crisis en el Perú de hoy. La pugna de facciones al interior del Ministerio Público, municipalidades y gobernaciones inoperantes en la atención de necesidades ciudadanas, sumada a la corrupción denota la falta de conexión, confianza y representación real entre los políticos y la gente.
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Estos efectos a corto plazo se ven aumentados por la extensión de las tecnologías de la información, que han facilitado una mayor participación ciudadana y el acceso a información en tiempo real, originando un aumento en la exigencia de rendición de cuentas –que no se produce– por parte de los ciudadanos, permitiéndoles contrastar lo que declaran los políticos y lo que realmente hacen.
La actual concentración del poder por el Congreso originaría un mayor distanciamiento entre los parlamentarios y la ciudadanía, con estructuras de poder formadas y poca rotación de liderazgo. Esto podría estar generando la percepción de que las decisiones se toman en favor de unos pocos.
El problema agravado es que se cambia la normatividad sesgadamente con poca predictibilidad, afectando las reglas de funcionamiento del propio Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de instituciones importantes como la Sunedu, la Junta Nacional de Justicia.
La suspensión del plazo de prescripción de delitos cometidos por funcionarios públicos, la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes, la eliminación de la meritocracia en la carrera magisterial, la modificación de la ley del crimen organizado, la aprobación de una reforma provisional con un costo fiscal de S/2,800 millones en el primer año, y sanciones –las pocas que hay– diferenciadas por inconductas de los parlamentarios según su afinidad con el grupo de poder mandante, entre otras arbitrariedades, son algunos aspectos de este entramado que afectará más a nuestro país.
Si nos ponemos en los zapatos de un inversionista, viendo cómo se destruyen las instituciones al modificarse las reglas discrecionalmente, en base a intereses específicos de grupos de presión, el asunto cobra trascendencia distinta.
Desacierto
La semana pasada, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, de manera desacertada criticó públicamente el accionar del ministro de Economía. ¿Qué se gana con esta acción? ¿Cuánta confiabilidad genera el contexto descrito? ¿O se creería que es casual que, según el propio Banco Central, el financiamiento del sector público del primer trimestre de 2024 registró una salida neta de capitales (aumento de la posición acreedora neta) de USD 98 millones, inferior en USD 710 millones al financiamiento recibido en el mismo trimestre de 2023, básicamente por una reducción en el ritmo de ventas de bonos soberanos por parte de no residentes (de USD 614 millones a USD 113 millones)?
Visto por el lado de las expectativas empresariales, según la encuesta del BCRP, a tres meses estas retrocedieron en abril. Pese a la caída, la mayoría de indicadores se mantuvieron –por ahora– en terreno positivo. En cuanto a los indicadores de largo plazo, se retraen cuatro asociados a las expectativas sobre la economía, el sector, la situación de la empresa y la contratación de personal. Al igual que las expectativas a corto plazo, cuatro de los seis indicadores de largo plazo se retraen en abril, pero continuaron –aún– en el umbral optimista. Así, las expectativas a 12 meses sobre el sector, la situación de la empresa, la contratación de personal y la inversión se redujeron el mes pasado. En cuanto a la situación actual, los indicadores relacionados a las ventas y a la producción cayeron durante el periodo, mientras que las preguntas sobre el negocio, la demanda y las órdenes de compra registraron el mismo resultado de marzo. A diferencia de las expectativas, tres de los cinco indicadores sobre la situación actual se mantuvieron en terreno negativo.
Resulta fundamental que las expectativas mejoren, al ser una variable clave para la recuperación del PBI y de la inversión privada, luego de una fuerte caída de esta en 7% en el 2023. ¿Podrá ocurrir esto a pesar de la afectación adversa a la institucionalidad descrita? ¿Mejorará la confianza empresarial y, con ella, las expectativas empresariales? Advertidos estamos.