De nuevo, el país depende de una decisión de los jueces y fiscales para enmendar su rumbo. Se espera que en los próximos días el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) vuelva a golpear el entorno de la presidenta Dina Boluarte. Un golpe que, se supone, generará una situación que precipite su renuncia u obligue al Congreso a votar la vacancia.
Una situación que se repite desde marzo del 2018, cuando la difusión en el parlamento de audios y videos de la supuesta compra de congresista obligó al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a dimitir.
Siguieron los presidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, acorralados por investigaciones de la Fiscalía. Pero, como vemos en estos tres casos, más allá de cambiar a la persona que dirige el Gobierno, todo sigue igual. O peor.
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Se podría decir que las decisiones de los jueces y fiscales no cambian nada. Pero esto no es culpa del sistema judicial. Ellos, los jueces y fiscales, deben seguir haciendo su trabajo. También están expuestos a los riesgos del caso y el desgobierno.
Pero, para que la acción de los jueces y fiscales tenga otro resultado, creo que se necesitan dos cosas. Uno, dejar de demonizar a la política partidaria y, dos, la organización y movilización de la ciudadanía que permita aprovechar el cambio de rostros para generar una gran reforma política y económica.
Los empresarios solo creen en una reforma política, que no afecte sus bolsillos, pero la gente no saldrá a exponer su vida si no cree en una mejora económica por delante.
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Algunos líderes de opinión piden una gran movilización nacional, mientras invisibilizan las marchas en el sur y la sierra norte. La movilización debe darse pensando en un país inclusivo y con oportunidad para todos.
De seguir el ritmo actual, caerá Dina y los nuevos rostros de la corrupción y los representantes del comercio informal ilegal seguirán apropiándose de las instituciones. El trabajo de los fiscales se verá afectado. Las peleas de la inteligencia policial y del mundo abogadil están allí.