Conflicto armado, violencia sexual y las víctimas invisibles: las mujeres

“‘Acá está una de los tucos’, dijo. Me agarraron, sacó una relación de nombres. ‘¿Conoces a este?’. ‘Yo no los conozco', dije yo. ‘¡Ah, no conoces!, te haces a la coj***, para otra cosa sí eres buena. Vamos al corralón’, dijo. (...) ‘Ya que no quieres hablar, haremos lo que es de costumbre’. Me ha empezado a violar, seis eran, el teniente era Sierra. ‘Habla, si sabes, habla y te vamos a dejar, y si no, seguiremos’. (...) Seguro era por lo que mi hermanito Pancho ha andado con Sendero”.
Testimonio de Tracy, informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

A raíz de los comentarios malintencionados de la ultraderecha hacia la película ‘La piel más temida’ de Joel Calero, se ha puesto sobre la mesa, nuevamente, diferentes reflexiones —algunas bastante cortas de análisis limitando la discusión a si se menciona o no ciertos términos como “terrorismo” en el discurso— sobre la contienda interna vivida en el Perú.

Entre 1980 y 2000, peruanos y peruanas vivieron un sangriento conflicto armado interno. El Partido Comunista Peruano - Sendero Luminoso (PCP-SL) inició una guerra en un contexto de pobreza, desigualdad y racismo en la que vivía gran parte de la población peruana, sobre todo quienes habitaban las zonas altoandinas. El Estado respondió con una política de violencia, muerte y vejaciones.

Para las fuerzas del orden, si una persona era indígena y/o estudiante de universidades públicas, entonces automáticamente se volvía sospechosa de ser senderista. ¿Pero qué ocurrió con las mujeres en este periodo? Muy poco se habla de la tortura que se perpetuó hacia ellas a través de la violencia sexual, principalmente contra las quechuahablantes.

La violencia sexual fue usada —sobre todo por las Fuerzas Armadas— como método para controlar a la población a través del miedo. Es decir, durante el conflicto armado se usó los cuerpos de las mujeres como campo de batalla.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reportó 538 casos de violación sexual hasta el 2003, siendo el 83% de estos casos perpetrados por agentes del Estado y paramilitares. Luego de 14 años, el Registro Único de Víctimas contabilizaba 5.040 mujeres víctimas de estas agresiones.

Para militares y marinos solo bastaba el tener la sospecha de que una mujer estuviera relacionada directa o indirectamente con Sendero Luminoso, ya sea por ser esposa, madre, hermana, hija o familiar cercano de algún senderista. Esto era suficiente para someterla a violencia física y psicológica, que terminaban casi siempre en violencia sexual ejercida no solo por uno, sino por varios agentes del Estado, como ha quedado plasmado en el informe final de la CVR.

El caso de esterilizaciones forzadas es otra de las formas de violencia sexual que se implementó como política de Estado durante la dictadura de Alberto Fujimori. ¿El fin? El “desarrollo” económico bajo un modelo neoliberal a través de la reducción de la pobreza —es decir, erradicar la pobreza a través de la eliminación de las personas pobres— a costa de vulnerar los derechos reproductivos de las mujeres más precarizadas. El número de procedimientos de ligaduras de trompas sin el consentimiento de las pacientes asciende a los 300.000.

Bajo la narración androcéntrica de la historia, los casos de violencia sexual durante el conflicto armado interno casi que no ocurrieron o, simplemente, pareciera que no merecen ser recordados y, por ende, exigir sanciones para los responsables se torna un camino revictimizante y violento para las sobrevivientes.

Esto se refleja en los largos años de lucha que tienen que atravesar las sobrevivientes —o sus familiares— para acceder a justicia y reparación. Recién en el 2018, la Corte Suprema confirmó y elevó la sentencia de Carlos Rengifo Salinas y René Benites Jara, dos agentes de inteligencia del Ejército, y del coronel Julio Rodríguez Córdova por secuestrar, torturar y violar a una estudiante de la Universidad La Cantuta en 1992. Esta fue la primera vez que se condenó a militares por un caso relacionado por este tipo de violencia durante la guerra interna.

En tanto, casos como el de Manta y Vilca y el de las esterilizaciones forzadas aún no encuentran justicia casi 30 años después y, peor aún, con los responsables sabiéndose impunes nuevamente en el poder. ¿Cuánto más tenemos que esperar las mujeres por justicia y reparación?