Sábado sin gloria, por Rosa María Palacios
“Sin derechos constitucionales, sin garantía para periodistas, con una presidencia decorativa, con un Congreso donde priman sus intereses criminales, el Perú tiene todos los checks para un golpe de Estado”.
Al filo de la medianoche, cuando terminaba Viernes Santo, la policía estampaba un ariete contra la puerta de entrada de la casa de la presidenta del Perú. Por más impopular que Dina Boluarte sea ante la opinión pública, el sentido simbólico de estas imágenes es impactante. La puerta cedió con facilidad al primer impacto. Ella, que ha cedido tantas veces ya ante el Congreso, parece que esta vez no lo hará ante el sistema de justicia.
¿Qué busca la Fiscalía de la Nación en este operativo? La verdad. ¿Sobre qué? Sobre signos exteriores de riqueza, injustificables para la situación económica de la presidenta. Una verdad que se satisface de un modo sencillo. Se necesitan los números de serie de tres o cuatro relojes Rolex. ¿Por qué? Porque son bienes con trazabilidad. Con estos números, se puede ubicar al distribuidor, al comprador, y este revelar la cadena de tradición de la propiedad que llega a Dina Boluarte. Mientras escribo, hoy sábado en la mañana, ninguna noticia da cuenta de la exhibición voluntaria o involuntaria de estos relojes.
El manejo de la situación por parte del presidente del Consejo de Ministros es lamentable. Primero, porque no satisface ni mínimamente la más elemental lógica. Una solidaridad desde la ignorancia de los hechos que no son explicados solo puede calificarse con una palabra: encubrimiento. Segundo, porque ni él ni los ministros son abogados defensores de la presidenta. Aparecer junto al que sí lo es, Mateo Castañeda, por un caso de enriquecimiento ilícito, avala esa defensa que, hasta el momento, no esclarece nada e insiste en no esclarecer.
Lo que aparece ante la vista de todos es que la presidenta está en una encrucijada entre dos males y todavía no decide cuál es el menor. Si muestra los relojes, debe confesar cómo los obtuvo y ese podría ser su fin. Si no los muestra, no es capaz ya, tantos días después, de crear una historia inocente. Su omisión a producir una prueba de descargo la hará culpable. Si su abogado no se lo ha explicado, sería bueno que alguien cercano se lo diga. Las penas se reducen con colaboración del imputado y se alargan con su conducta en rebeldía. Ambos escenarios son catastróficos porque su destino final es el fundo Barbadillo.
¿Es desproporcionada la acción de la justicia? Nunca antes vista, lo es. El detalle de tumbarse la puerta del domicilio de un presidente no tiene precedente en el Perú. Pero este mismo Congreso fue el que permitió que ese fuera el estándar con Pedro Castillo. Incluso ha inhabilitado a la fiscal suprema Zoraida Ávalos (de forma ilegal y delictiva) por abrir y reservar, como manda la Constitución, la investigación contra Castillo. Palacio ya ha sido allanado, como lo fue Sarratea y la casa cajamarquina de la familia Castillo Paredes. No es pues una sorpresa para la defensa de Boluarte, salvo que sea muy incompetente, que esto era parte del menú de opciones de la Fiscalía. Más aún cuando quedó en evidencia que la presidenta optó por jugar a la mecedora creyendo que el tiempo la favorecía.
Sin embargo, no es posible apreciar estos acontecimientos trágicos para el país sin dar una perspectiva más amplia. Boluarte tuvo la oportunidad de hacer un gobierno de transición muy breve. Otárola se opuso y la convenció de quedarse desde el pacto de sobrevivencia con el Congreso y el pacto de represión con las Fuerzas Armadas. Pactos precarios y peligrosos porque siempre pasan factura. Mientras tanto, el Congreso ha cooperado de manera multipartidaria en lograr dos objetivos: durar y debilitar constitucionalmente, hasta su precariedad absoluta, la institución del presidente de la República.
Esa es la herencia real del periodo 2016-2024, que se ha consolidado en tres acciones claves. La primera, la destrucción de la cuestión de confianza, mediante leyes inconstitucionales avaladas por un TC capturado por el Congreso. Sin ninguna posibilidad de disolución del Congreso, el presidente puede ser vacado (en otra interpretación tóxica) con o sin causa real, bastando 87 votos para hacerlo. Se ha introducido, a la bestia, una revocatoria de mandato presidencial o un juicio político al presidente en ejercicio, que jamás existió. A esto se añade que el Congreso insiste en que la vacancia de la sucesión presidencial completa no obliga a nuevas elecciones parlamentarias, y por ese camino irán en estos días. Con esas tres desnaturalizaciones constitucionales, la Presidencia de la República será casi decorativa en los lustros por venir, pasando al despotismo de la asamblea.
Añadan lo siguiente: con la introducción de la bicameralidad, el mecanismo de reforma de la Constitución es absolutamente rígido. Se pasa de un plazo de un año a uno de dos años con dos tercios de votos en ambas cámaras. La idea es que sea inmodificable. Eso termina mal. La rigidez solo anticipa una cosa: la explosión social o el golpe de Estado al que parece vamos directo.
En este mismo contexto convulso se mueven los intereses de los tres partidos procesados en el caso Lava Jato, de los cuales dos son puntales en el sostenimiento de Dina Boluarte: Fuerza Popular (caso Cócteles) y Renovación Popular (caso OAS), a los que se une el Apra (donaciones de Odebrecht para campaña).
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El despliegue difamatorio del último año (con operaciones de acoso callejero y medios marginales como Willax y Expreso) busca lograr la nulidad de sus procesos, teniendo en cuenta que el de Keiko Fujimori y sus coimputados arranca el 1 de julio. Para ellos, la estrategia es tratar de emular al presidente Lula, que consiguió la nulidad de sus sentencias a través del hackeo de los teléfonos del juez y el fiscal que, ilícitamente, no garantizaron la imparcialidad de su proceso. ¿Cómo hacerlo en el Perú si no hay sentencias aún? Inventando un contubernio entre fiscales y periodistas. ¿Disparatado? Por supuesto. ¿Qué puede ofrecer un periodista a un fiscal? Pero el fiscal Alcides Chinchay va por las fuentes de Gustavo Gorriti, persiguiéndolo fiscalmente en medio de un escándalo internacional por la gravedad que esto tiene para el periodismo de investigación. Pierde su tiempo, porque Gorriti no revelará nada ni bajo tortura. Ya estuvo secuestrado por un dictador que fue condenado a 25 años por hacerlo. Pero ese el estado de la libertad de expresión en el Perú. No se engañe nadie. Esto no es solo contra IDL-Reporteros. Es contra todos.
Sin derechos constitucionales, como el de la vida (49 muertos en protestas); sin garantía para los periodistas a no ser criminalizados por develar un escándalo de corrupción monumental; con una presidencia decorativa e imputada por corrupción que agacha la cabeza y solo entrega lo que le pidan sus aliados de facto a la mínima presión; con un Congreso donde priman los intereses criminales, sin contrapeso alguno; y con unas Fuerzas Armadas que se ofrecieron a masacrar peruanos con la mentira de que todos era terroristas y ahora no saben cómo salir de esta, el Perú tiene todos los checks que históricamente se han amalgamado para un golpe de Estado.
Que Dios se apiade de nosotros. Las rupturas democráticas siempre tienen fecha de inicio, pero nunca de término.