Matar al mensajero, por Rosa María Palacios

Los periodistas no son fiscales y los fiscales no son periodistas. A los primeros les interesa contar historias, a los segundos conseguir condenas. Pero pasa que hay periodistas solo interesados en conseguir condenas y fiscales que se satisfacen solo en contar la historia. Cuando eso pasa, no hay ni periodismo ni justicia. Por otro lado, a los políticos, en general, les interesa contar la historia que mejor los deje ante el público y condenar al enemigo político lo mas rápido posible, evitando ser condenados por sus propios actos. Por eso detestan a los buenos periodistas y a los buenos fiscales. Los primeros cuentan lo que el político quiere ocultar, los segundos consiguen que los jueces los hagan pagar.

Esta semana hemos tenido una exhibición de buen periodismo que nos hacía falta. Gustavo Gorriti ha tenido que salir a explicar que es el periodismo de investigación. No es, como dicen sus detractores, una mera filtrada del funcionario corrupto. Si fuera así, qué sencillo sería. El trabajo es bastante más complejo, aburrido y lento. Hoy, abandonado por los medios porque, además, en tiempos de velocidad digital, resulta carísimo no tener una historia reventando cada día y tener que esperar, con paciencia, múltiples corroboraciones. Es un periodismo de fuentes diversas cultivadas por años, que se maneja bajo las reglas del secreto profesional, que prioriza el contexto, donde los hechos y la evidencia mandan sobre las opiniones y la subjetividad. Por eso, cuando es sólido, es irrefutable. De ahí la necesidad política de destruirlo.

Ni las fuentes son angélicas, ni las verdades absolutas. Se cumple con el deber de veracidad acercándose, con la mayor diligencia posible, a toda la información. El periodista no es fiscal ni juez ni verdugo. Cuenta una buena historia y si domina el idioma, tendrá la elegancia verbal para hacer de su trabajo una pieza literaria. Si de esa “noticia criminal” (disculparán la jerga de abogados) un fiscal puede conseguir información para iniciar, continuar o concluir una investigación penal, pues que así sea. Es práctica común en toda democracia que el periodismo descubra la corrupción en el poder. De ahí la importancia de su defensa no solo constitucional, sino universal. No hay democracia posible sin esa libertad.

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Los fiscales del caso Lava Jato han cometido múltiples errores. Uno de ellos es pretender contar una gran historia, descuidando la obtención de una condena. Para ello se han valido de varios abusos que he detallado muchas veces. Acusar a todo el mundo de organización criminal para lograr fases de investigación de 7 u 8 años, embargar bienes y dejar sin empleo a personas inocentes, conseguir prisiones preventivas sin que exista peligro procesal y lo más grave, tipificar mal las conductas, haciendo punible lo que no lo es. Culpa compartida muchas veces con los jueces que no han sabido detener estos abusos. También es cierto que se han comportado políticamente buscando en la prensa un apoyo mediático que era innecesario si la contundencia de los argumentos prevalece. No creo que hayan sido selectivos porque los abusos se han dado con todos los imputados. Yo no olvido los insultos del fiscal Juárez Atoche por atreverme a cuestionar los fundamentos jurídicos de una pésima actuación fiscal, corroborada en el tiempo.

Pero también es cierto que la gran corrupción de todas las empresas constructoras brasileñas existe y que esta se infiltró en la política peruana para corroerlo todo. Hay coimas y culpables. Que hasta hoy no tengamos condenas no significa que estas no sean necesarias. En el camino, se han puesto en riesgo estas por una absurda dilación y por una serie de maniobras, imputables también a los procesados, para detener los procesos.

Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla. Ante el inminente juicio oral del caso Cócteles, Fuerza Popular, Renovación Popular y el Apra han montado un psicosocial para eliminar “al hombre más poderoso del Perú”. La aparición de Gustavo Gorriti los ha dejado en ridículo y los ha puesto en evidencia. El millón de troles que mandan en las redes solo achica más la talla moral de sus detractores y engrandece la de un hombre que los enfrenta, mientras encara la muerte, a pie firme. No hay un gramo de victimización en él. A los que sabíamos de su condición, nos pidió absoluta discreción y le cumplimos, pese a ver los ataques de La Pestilencia, de la comparsa de la DBA y de los políticos más sinvergüenzas que ha tenido el Perú. Lo aguantó todo, porque, como lo dicho, lo que importa no es él. Es la firmeza de las historias que ha contado y eso es lo que prevalecerá.

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Parte de la misma operación inmunda está en el Congreso. La perturbación de la acción de la justicia tenía de aliada a Patricia Benavides. Caída esta, el objetivo es salvar al funcional Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Con su ayuda, se suspendió a Rafael Vela y con su ayuda se va a suspender a José Domingo Pérez. Pero Fernández puede ser suspendido o destituido antes. ¿Quién lo hace? La Junta Nacional de Justicia. De ahí la desesperación de encontrar cualquier forma de sacar antes a la JNJ.

El plan ha tenido que reacomodarse, pero es el mismo plan. Primero, destruir la historia. No importa que sea delito o no. Lo que interesa es que usted no sepa nada de donaciones ilícitas de campaña, sean de Odebrecht o del Banco de Crédito. Por eso es por lo que Fujimori, López Aliaga (heredero de Castañeda Lossio) y todo el CEN aprista necesitan destruir a Gustavo Gorriti. Lo han convertido, muy a su pesar, en un símbolo. Lo segundo es matar la acusación fiscal. Si los fiscales son corruptos, entonces, todo es nulo. Pero esto no están fácil. Tendrían que liquidar además a los jueces, si es que quieren usar el modelo brasileño que salvó a Lula. En ese caso, luego de un probado ilegal contubernio al juez Moro y los fiscales. Tal cosa no existe en el Perú.

Los 14 congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que han votado por la inhabilitación por 10 años de la JNJ son la punta de lanza de lo que viene. Recordemos sus partidos. Hay elecciones el 2026. Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, APP y, por supuesto, Perú Libre. ¿Creerán que el pueblo es estúpido? ¿Al cuarto intento de intentar lo mismo van a vender la historia de la edad de Inés Tello? Lo que necesitan con desesperación es liquidar a la JNJ para que Fernández Jerí pueda moverse rápido y sacar a José Domingo Peréz del caso Cócteles. Un caso que, como he dicho antes, Fujimori podría ganar por lavado de activos, pero que puede perder por obstrucción de la justicia.

¿Hay esperanza de tener buena justicia, buen periodismo y buena política? Por supuesto. Pero es necesario activar una función mental que en el Perú es señal de valentía: tengan memoria. No olviden nada de esto. Solo recordando el mal, prevalece el bien.