La poca confianza en el privado, por Augusto Álvarez Rodrich

Ojalá que el acuerdo para reabrir Machu Picchu sea sostenible, algo improbable pues mafias como las que iniciaron la nueva paralización son erráticas, pero si algo ratificó fue la poca confianza en la iniciativa privada para arreglar problemas.

Eso se evidencia en el primer punto del acuerdo sobre la aceptación del pedido de Joinnus para adelantar la conclusión del contrato para la venta de los boletos de ingreso a Machu Picchu, y que se lo reemplace por una plataforma —que aún no existe— de la secretaría de gobierno y transformación digital de la PCM, que vaya uno a saber si tendrá la capacidad real de diseñarlo y ponerlo en marcha con un estándar internacional como el que se necesita.

Joinnus es una exitosa start-up peruana creada hace una década con un prestigio sólido construido con la satisfacción de sus clientes que compran en su plataforma, pero que, según las mafias que operan en Machu Picchu, tiene dos problemas: podía darles transparencia a las operaciones —registrarlas, rastrearlas— y es privada.

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Esto último les permitió a estas mafias promover la paralización de Machu Picchu, con la falacia de que su presencia era ‘la privatización’ (sic) del principal destino turístico del país, mientras políticos de izquierda de San Isidro que compran sus entradas al cine en Joinnus, festejaron la salida de esta empresa como si fuera la toma de La Bastilla.

Es algo vinculado a la desconfianza en la iniciativa privada, mayor, incluso, a la de un estado que ha dado evidencia sobrada de ineficiencia, la cual, sin embargo, suele ser tolerada y hasta promovida por políticos y medios que, por ejemplo, definen al mercado como el libertinaje de los precios.

Petroperú, por ejemplo, es un escándalo adicto a la mamadera estatal a la que van a darle otro rescate disfrazado de ‘soporte crediticio’, mientras se elevan tasas tributarias, como si esta empresa supiera pagar deudas —construyó una refinería a un costo seis veces mayor al presupuestado sin que nadie se haga responsable ni pagar el crédito—, pero la opinión pública lo tolera, al igual que el mal servicio de Sedapal que no es aceptado del mismo modo en empresas de otros servicios públicos que sí han sido privatizados y cuya calidad del servicio es muy superior.