Corte Suprema retrocede

La Corte Suprema ha decidido dar marcha atrás en una de las interpretaciones más lamentables de los últimos tiempos. Las penas de los violadores ya no serán rebajadas si es que el acusado tiene hijos con la agraviada.

Se trataba de una decisión adoptada por 14 de 15 magistrados reunidos en sala plena. Un ejemplo claro de que en este tema de misoginias y falta de políticas con enfoque de género hay mucho camino que andar en la administración pública y específicamente en el sistema de justicia.

¿Cuántas situaciones similares que se convierten en demandas ante el Poder Judicial se definen por este tipo de criterios? Si tuvo un hijo con el violador, ¿en qué cambia la agresión inicial que se ejerció contra la mujer? El abuso permanece y el nacimiento de un niño posiblemente agudice la violencia que se traduzca en más golpes o hasta en intento y el consecuente feminicidio.

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¿Hay alguna redención que se produce con el nacimiento de un hijo en la mente de los violadores? Se tendrá que evaluar si se conocen de casos así, pero posiblemente lo que ocurra es que los expedientes judiciales se multipliquen porque un hijo concebido en este contexto tan falto de unión o amor de pareja luego remitirá a una demanda por alimentos o juicios por reconocimiento.

La justicia ha mostrado un sesgo medieval que urge revisar bajo el espíritu de normas que protegen a los niños y les garantizan protección y amor de familia. En el caso de las mujeres, se han producido cambios, pero no los suficientes para obtener un trato más igualitario. Y en el caso de las menores de edad, todavía no se protege debidamente a las jóvenes desde el Estado. Los casos recientes de niñas y adolescentes abusadas que han tenido dificultades para lograr el aborto terapéutico muestran que todavía se hace necesaria una lucha contra patrones culturales enraizados para hacer valer los derechos humanos de todos y todas.

La decisión adoptada por la Corte Suprema al proponer la revisión de esta interpretación es muy saludable. Se trata de renovar y de modernizar el sistema para que la ley promueva la justicia y la razón y se adapte a políticas públicas que buscan la inclusión y la igualdad.