Desde la desesperanza, por Paula Távara

En nuestro país, un año de la política puede sentirse como una década. Sin embargo, en las últimas dos semanas hemos logrado superar nuestros propios récords de velocidad de autodestrucción.

Que nuestra justicia no era ciega, ni su balanza tenía el equilibrio exacto de aquella mítica imagen, lo sabíamos bien. Que la separación de poderes y el funcionamiento de los pesos y contrapesos se había venido desdibujando no nos era ajeno. Que hay quien pretende arrancarnos de la justicia internacional para que, sencillamente, no exista justicia para víctimas de violaciones a los derechos humanos de hoy y de ayer también estaba cantado.

Los últimos acontecimientos nos han reconfirmado que la balanza no estaba desnivelada solamente, sino que estaba plenamente amañada para garantizar la impunidad de los corruptos y tiranos de hoy y de ayer. Pocos tiempos tan desesperanzadores como estos.

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Todo esto, además, en días en que se cumple un año del golpe fallido de Pedro Castillo y la asunción de mando de la dupla Boluarte-Otárola. Estos últimos no han tenido mejor idea que nombrar al 7 de diciembre el “Día de la institucionalidad, del Estado de derecho y de la defensa de la democracia”. ¿Qué institucionalidad? ¿Qué Estado de derecho? ¿Qué democracia?

La institucionalidad implica la estabilidad y funcionamiento de las reglas que rigen un Estado. Contar con institucionalidad es tener garantía de la separación de poderes, de cumplimiento de derechos y servicios a la ciudadanía y de un Estado con capacidad de mantener su buen funcionamiento, con predictibilidad para sus ciudadanos y ciudadanas.

¿Hay institucionalidad cuando se nombran funcionarios no por su capacidad sino por su utilidad a intereses particulares? ¿Hay institucionalidad en un país en el que problemas como la previsión para el fenómeno de El Niño o la inseguridad ciudadana pasan a segundo plano por las componendas políticas?

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El Estado de derecho, por su parte, requiere que el Estado y sus instituciones vean regulado y controlado su poder por la ley. Las leyes, eso sí, no son únicamente las nacionales, sino que los Estados, el peruano entre ellos, han ido suscribiendo convenios que permitan estándares que los vinculen en mejores condiciones y que garanticen un conjunto de valores comunes: derechos humanos, sí, pero también cumplimiento de contratos internacionales, protección de niños, niñas y adolescentes, respeto de las fronteras y mecanismos migratorios, entre otros.

Estamos nosotros, en cambio, en un contexto en que los marcos legales se estiran, ajustan y tuercen según convenga a los actores políticos y sus intereses. Y se abandonan también.

La liberación de Alberto Fujimori, conseguida con la ‘legalización’ de un indulto obtenido mediante negociaciones bajo la mesa, y dada por un Tribunal Constitucional de dudosa conformación, ha sido ejecutada por el Gobierno no solo a sabiendas de que es una afrenta a los derechos de sus víctimas, sino también a sabiendas de que incumple compromisos internacionales y perjudica nuestra ya débil credibilidad y legitimidad. Un país que no cumple sus pactos y acuerdos es un país poco atractivo en todos los sentidos.

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De la cuasi inexistencia de la democracia en el país hemos hablado ya en más de una ocasión. Un Gobierno elegido por sufragio general no es suficiente argumento para hablar de democracia. Menos aún si tiene hoy la desaprobación del 90% de la población y se sostiene sometiéndose a los intereses de sus protectores (no son ni aliados) por un lado y reprimiendo a la ciudadanía descontenta por el otro.

Lo que tenemos no se parece en nada a lo que han querido denominar o celebrar. Pero en un contexto de inmensa desesperanza, de dificultad para hallar salidas, quiero creer que podemos reencontrar sentido a todo ello. Porque, mientras más tardemos en hacerlo, más habrá que reconstruir.