Otro golpe de la minería ilegal

En la minera Poderosa, en Pataz, La Libertad, se han dado la mano varios factores que desencadenaron la tragedia el sábado último. Diez personas fallecidas y más de 23 heridos son el terrible saldo de la minería ilegal que, asociada al crimen organizado, prospera en regiones abandonadas por el Estado.

Es el fracaso del orden y la legalidad. Se imponen la fuerza y la violencia para liquidar un modelo de producción que no conviene a las bandas delincuenciales que destruyen maquinarias, sistemas de energía, asesinan y hieren a los obreros, obligándolos a abandonar sus puestos de trabajo.

No es la primera vez que la minería ilegal, a sangre y fuego, arremete contra la minería formal con la intención de que se retorne a la explotación de los recursos mineros, con empleo de químicos que afectan al medio ambiente y que no acepta leyes ni derechos. En la propia mina —líder en el rubro de oro para exportación— ya se han protagonizado otros hechos de extrema violencia en los últimos 3 años.

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El alcalde de Pataz asegura que, a pesar de sus reiterados llamados de alerta en la zona minera liberteña, la policía no acudió a poner orden, pese al historial de violencia reciente.

Esta denuncia, así como la autoría intelectual del crimen múltiple, debe investigarse. Los ingenieros mineros en un comunicado sostienen que hay complicidad de una entidad estatal, Reinfo, que busca la formalización de la minería ilegal, que permite la bancarización y da permisos para adquirir explosivos e insumos químicos usados ilegalmente en varias regiones del país.

La acusación es grave porque pone al descubierto una red de soporte estatal que está promoviendo la extracción ilegal de minerales, bajo procesos altamente tóxicos y destructivos de los suelos. Según la SBS, la minería ilegal genera más ganancias que las operaciones de narcotráfico, calculándose en 8.200 millones de dólares anuales. También se conoce de congresistas que promueven leyes que facilitarían las operaciones de este ilegal negocio.

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Estas muertes deben poner a la luz la corrupción que permite que esta ilegal actividad prospere y se extienda por varias regiones del país, incluso la Amazonía, en la que han sido asesinados 32 defensores del medio ambiente. Según se sabe, la mayoría de estos crímenes son impulsados por mineros ilegales. Urge una acción mayor del Estado para acabar con este cáncer que amenaza la vida de los peruanos.