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Opinión

La JNJ investigada

Fiscalía anticorrupción ingresa a organismo constitucional para verificar denuncia.

larepublica.pe
editorial

La información sobre la existencia de un grupo de 7 trabajadores con un vínculo amical o familiar concentrados en la dirección administrativa de procesos disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia fue denunciada en un programa dominical y el lunes se apersonaron fiscales anticorrupción a levantar currículos y contratos para comprobar la existencia de un probable delito de negociación incompatible.

La JNJ, por su parte, había emitido un comunicado en el que descartaban la presencia de esos trabajadores, en procesos de investigación sobre jueces y fiscales, porque estos corresponden a los despachos de los titulares de la Junta que son quienes realizan este tipo de seguimientos.

Las audiencias en las que se llevan a cabo las investigaciones son públicas y garantizan el debido proceso de quienes han sido denunciados por alguna razón de orden funcional.

Es el caso de la propia fiscal de la Nación cuyas investigaciones recaen en determinados miembros de la Junta. La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima en esta denuncia ha actuado con máxima velocidad y ha ingresado a la dependencia a realizar las verificaciones.

Los trabajadores mantienen al parecer vínculos que tienen origen en familiaridad o amistad, y presentan extrañamente documentos que han sido expedidos por un mismo negocio —en este caso una cevichería— que pertenece a uno de los denunciados.

Es un caso a investigar, porque de comprobarse correspondería a personas que han utilizado una red de influencia para garantizar un puesto de trabajo. La validez de las constancias de trabajo también es un tema a dilucidar.

El comunicado también señala que se ha abierto una investigación interna para determinar si hay irregularidades y garantizar las sanciones correspondientes.

La posición contraria a la destitución de los miembros de la Junta por parte del Congreso de ninguna manera significa que se apañen estos casos, de ser ciertos. La administración pública exige transparencia y necesidad de fiscalización. Se hace necesario que se sigan los procesos internos al mismo tiempo que se avance con las investigaciones fiscales y se determinen responsabilidades.

Tampoco es justificación para continuar con la operación política de destitución por causa grave contra los 7 integrantes del Pleno de la JNJ, que ha sido planteada desde la coalición gobernante y que ha sido suspendida de forma temporal por la justicia constitucional por vicios sustentados en la falta del debido proceso.

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