El pico de la ofensiva, por Raúl Tola

Han pasado 20 años de la caída del Gobierno de Fujimori y Montesinos. En todo este tiempo, las fuerzas corruptas y autoritarias que por entonces controlaban el país han vivido un proceso que fue de la vergüenza a la reorganización. Desde la censura del ministro de Educación Jaime Saavedra, con la entusiasta contribución de nuevos actores y para perjuicio del país, pasaron abiertamente a la ofensiva.

Con el propósito de garantizar su impunidad frente a graves acusaciones por corrupción e imponer una agenda mafiosa, han dedicado los últimos tiempos a usurpar las instituciones del Estado para ponerlo íntegramente a su servicio. Pero nunca habían llegado tan lejos como esta semana, en la que se abalanzaron contra la Junta Nacional de Justicia.

Las verdaderas intenciones de este ataque han quedado expuestas por un proceso desprolijo y farsesco que, a pesar de su gravedad, ha devenido en sumario, no ha revestido las mínimas garantías y donde las faltas graves nunca fueron sustentadas. El desempeño de la Comisión de Justicia ha sido tan patético que revirtió el informe original que absolvía a los magistrados en unas horas y aprobó otro nuevo que no existía al momento de la votación, pues recién fue redactado después de realizada esta.

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Este episodio, que nos acerca a un régimen autoritario, donde la separación de poderes es abolida, debería hacernos descartar la ficción en la que muchos se mueven. Desafortunadamente, no es verdad que las cosas hayan cambiado con la salida de Pedro Castillo y la llegada de Dina Boluarte. Mejor dicho, los cambios que realmente necesitaba el país nunca ocurrieron.

Es cierto que Boluarte vivió una apresurada transformación ideológica desde los tiempos en que postulaba a vicepresidenta de Castillo e integraba sus gabinetes de ministros, y que, a diferencia de su predecesor, encabeza un Gobierno que parece simpatizar con la inversión privada, comprende las nociones básicas de economía y no pretende encabezar una revolución tan trasnochada como improvisada.

Pero, si es así, ¿por qué, en lugar de recuperarse, nuestra economía mantiene su proceso de hundimiento? Si han pasado 10 meses desde la detención del inefable Castillo y no vivimos momentos de convulsión social, ¿por qué no levantamos cabeza?

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La respuesta es simple. A pesar de los cambios en las alturas, la lógica que subyace al manejo del poder en el Perú sigue intacta. La controla una dinastía de personajes que estaban activos desde mucho antes de la llegada de Castillo, operaron durante su gestión y lo siguen haciendo ahora. Sus apellidos son de sobra conocidos: Fujimori, Acuña, Cerrón, Luna, López Aliaga. Anteponiendo sus intereses comunes a sus supuestas ideologías, en todo este tiempo se han encargado de convertir al Perú en un país imprevisible, arbitrario, donde los inversionistas no prefieren arriesgar un centavo.

Lo que pase luego del descabezamiento de la JNJ —advertido por la OEA y la ONU— será el ejemplo más dramático de las consecuencias nocivas que las prácticas de esta alianza mafiosa, mercantilista, autoritaria y corrupta están teniendo en contra de nuestro país. El Perú sabe adónde terminan los arrestos autoritarios, pero también que, hasta que son desactivados, resultan extraordinariamente gravosos.