La reactivación del plan para capturar la JNJ es el zarpazo mayor contra la democracia lanzado por una mayoría desestabilizadora de la institucionalidad instalada en el Congreso, pero también puede ser su Waterloo pues puede —y debe— activar la indignación de una población aún adormecida.
Un informe presentado anteayer en la Comisión de Justicia del Congreso concluyó que los miembros de la JNJ no habían cometido falta grave que justificara su remoción, pareciendo que había surgido un inusual rayo de sensatez en los choferes de este coche bomba contra la democracia, persuadidos por el evidente impacto negativo que tendría en la institucionalidad nacional.
Pero pronto sus promotores recuperaron la iniciativa para aprobar un informe —que ni se había redactado— que propone remover a todos los miembros de la JNJ, y que se presentará al pleno para que lo aprueben 87 votos.
Sería ocioso rebatir otra vez los argumentos de este intento desestabilizador en el que coinciden partidos de derecha, izquierda y centro, que son muy débiles, pues lo único que les interesa es capturar la JNJ para controlar, para su beneficio particular, a los organismos electorales, y a jueces y fiscales que manejan casos de corrupción como aquellos en los que están metidos varios congresistas y sus líderes.
Se requieren 43 votos en el Congreso para impedir este asalto a la democracia, algo que no se debe descartar, pero si no se consiguen, lo que va a suceder es que este gran zarpazo contra la institucionalidad puede convertirse, por su gravedad, en un autogolpe para los complotadores, pues puede movilizar a importantes y variados sectores de la sociedad por la defensa de un principio clave como la separación de poderes.
Todos los que quieran vivir en democracia deben participar en este esfuerzo, como el empresariado consciente de la importancia de la solidez institucional para el avance económico, y representantes de distintas orientaciones políticas, evitando que —como ya se asoma— se apropien de la protesta los sectores que también son responsables de lo que hoy ocurre en el país, como los cómplices políticos del gobierno de Pedro Castillo. Si eso ocurre, esta importante e indispensable protesta estará condenada al fracaso.
Economista de la U. del Pacífico –profesor desde 1986– y Máster de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Harvard. En el oficio de periodista desde hace más de cuatro décadas, con varios despidos en la mochila tras dirigir y conducir programas en diarios, tv y radio. Dirige RTV, preside Ipys, le gusta el teatro, ante todo, hincha de Alianza Lima.