Vacancia por viaje, por Raúl Tola
“La pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué, si se trata de una infracción constitucional, el camino escogido ha sido la vacancia por incapacidad moral y no el juicio político...”.
Un grupo de congresistas de izquierda ha presentado la segunda moción de vacancia por incapacidad moral que la presidenta Dina Boluarte enfrenta en los diez meses de su turbulenta presidencia. En ella se afirma que, al abandonar el país para viajar al Brasil, a los Estados Unidos y, ahora mismo, a Alemania, Italia y el Vaticano, Boluarte infringió el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución: “Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el Primer Vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el Segundo Vicepresidente”.
La primera pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué, si se trata de una infracción constitucional, el camino escogido ha sido la vacancia por incapacidad moral y no el juicio político, recogido y reglamentado en los artículos 99º y 100º de la Constitución? ¿Por qué se ha evitado este mecanismo que, como estableció el Tribunal Constitucional, está destinado a penalizar las violaciones a los bienes jurídicos establecidos en la Constitución que no sean materia de protección y sanción —en caso de su incumplimiento— por norma legal alguna?
Muy probablemente porque, en junio, el Congreso aprobó una ley que autoriza a Boluarte a dejar el país pese a no tener vicepresidentes y a ejercer la presidencia de manera remota. A pesar de que en su sustentación no reconocen esta norma (manifiestamente inconstitucional), los congresistas que han presentado la moción saben que está vigente. En uno de sus fallos más insólitos, que lo han vuelto enemigo de la legalidad que se supone defiende, fue refrendada por el actual Tribunal Constitucional.
Cerrado el camino del juicio político, se opta por la vacancia presidencial. Ante la imposibilidad de sancionar los viajes de Dina Boluarte por la vía “legal”, se escoge la mal llamada alternativa “política”. En el Perú de hoy, este supone que un presidente puede ser vacado por cualquier razón, solo basta reunir los votos necesarios en el Pleno del Congreso.
Un absurdo, porque “política” no es sinónimo de “arbitrariedad” ni de “abuso de derecho”, y porque, en este caso específico, al renunciar al juicio político por infracción de la Constitución, quienes plantean la moción de vacancia reconocen implícitamente que, como están configuradas las cosas ahora, gracias a los atropellos de la alianza de Gobierno respaldados por el Tribunal Constitucional, los viajes al extranjero no son causal para retirar a Dina Boluarte de la presidencia.
La última moción de vacancia contra Dina Boluarte es uno de los ejemplos más acabados del nivel de confusión, improvisación y absurdo en que, al cabo de los años de decadencia que comenzaron con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ha terminado por hundirse nuestra política. Defectos que no distinguen entre oficialismo y oposición.