Hacia la autonomía total, por Lucia Solis

Mila no es una sola, son muchas. Y cada una tiene nombre propio y, quizás, ideas constantes de lo que les gustaría ser de mayores. Lo que también tienen es la mala suerte de haber nacido en un país en los que sus derechos lejos de estar garantizados, sigue siendo motivo de debate. Uno de los últimos casos públicos fue el de una niña cusqueña de 10 años embarazada como consecuencia de la violación sexual perpetuada por su padrastro y a quien se le demoró el acceso al aborto terapéutico debido a la falta de tutores legales.

Cada vez que se mediatizan este tipo de hechos, es desolador y desesperante leer y escuchar cómo la maternidad en niñas se ha normalizado en la sociedad peruana. Ayer se conmemoraba el Día Internacional de la Niña, pero hoy hay que preguntarse por qué se les niega a niñas y adolescente el acceso a una educación sexual integral (ESI), pero no hay reparos en que se les imponga la responsabilidad de parir, cuidar y criar.

La ESI es un derecho fundamental de las infancias y adolescencias para prevenir situaciones como las de Mila, la niña de Áncash, de Cusco y todas las demás; que puede empoderar a las niñas para reconocer y denunciar abusos de cualquier tipo, enseñar a los niños sobre consentimiento, entender la diversidad, así como así como promover relaciones afectivas respetuosas y saludables.

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En este punto, también es urgente abordar la paradoja que presentan los casos de niñas sobrevivientes de violación sexual. Porque se aplaude y reconoce la solidaridad y demanda de celeridad en aprobar los accesos a abortos terapéuticos para ellas, pero se niega la interrupción voluntaria del embarazo a mujeres, hombres trans y personas no binarias en otros contextos.

Cada ejecución de un aborto terapéutico, avalado por la ley peruana, debe ser considerada como el punto de partida hacia una justicia reproductiva completa. Es hora de reconocer de una vez por todas el derecho humano de todas las personas con capacidad de gestar a decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida, sin excepciones ni causales. No deberíamos ser testigos, pacientes y obedientes, de cómo se castiga a las mujeres que, sin ser víctimas de violación, necesitan que se les practique un aborto por diversos motivos. El camino hacia el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos comienza con la eliminación de las barreras ideológicas y sociales que obstaculizan el acceso a la información y la toma de decisiones informadas.