Cobrizos no por el cobre...por el ‘cobro’, por Augusto Álvarez Rodrich

El 36 Perumin que se desarrolla esta semana en Arequipa debe ser un espacio para el relanzamiento de la minería mediante el planteamiento de acciones específicas tras varios años en los que la remoción de obstáculos ha sido el eje central de esta actividad.

Dichos escollos se derivan, principalmente, de la conflictividad social, la ‘tramitología’ y la ideología, lo cual explica un aletargamiento que le hace mucho daño a la perspectiva del país.

El BCR estima que la inversión minera caerá 18,1% en 2023 con relación al año previo, y que en el 2024 la caída sería de 7,4%. El problema, sin embargo, no es reciente: entre 2017 y 2022, la inversión global en exploración minera aumentó en 65%, mientras que en el Perú solo se incrementó en 5%.

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La amenaza a la minería llegó al extremo durante la presidencia de Pedro Castillo, quien le otorgó el Ministerio de Energía y Minas, como una especie de franquicia de la revolución —que en realidad pareció de la ‘robolución’—, a Vladimir Cerrón y su banda ideologizada, que buscaban la nacionalización del sector con un afán cobrizo que no era por el cobre sino por el ‘cobro’.

Y durante el gobierno de Dina Boluarte no se está reactivando la minería, pues persiste la confusión sobre la relevancia del sector para la economía nacional, sin liderazgo para corregir la maraña de permisos que lo afectan, así como para plantear respuestas a la conflictividad social que con demasiada frecuencia es promovida por intereses políticos o particulares de quienes hacen un gran negocio [ado] del conflicto.

Asimismo, de tontos útiles que son su caja de resonancia porque no reconocen que hoy es posible armonizar la minería moderna con la protección del ambiente, del agua y de la comunidad.

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La consecuencia es grave. Un estudio del IPE presentado la semana pasada demuestra que el costo de la no ejecución de 23 proyectos entre 2008 y 2022 significó pérdidas de S/698 mil millones para la economía peruana y S/123 mil millones en recaudación fiscal.

Asimismo, evitó la creación de 561 mil empleos en la fase de construcción y 125 mil empleos anuales en la fase de inversión. Peor aún: el retraso de proyectos mineros por la conflictividad y la tramitología impidió que 1,7 millones de personas salieran de la pobreza.