Statu quo y la viga en el ojo ajeno, por Carlos Bessombes

La privatización de los lotes petroleros de Petroperú, durante el fujimorato, tuvo como fin supremo levantar la producción petrolera del país. De casi 130.000 barriles por día en 1994, al cierre del 2022 la producción se ubicó en apenas 41.000 barriles. Los resultados son indefendibles: una declinación a la tercera parte.

Sin duda alguna, ingresar a los campos de Talara fue un gran negocio para los operadores privados, pues encontraron lotes con producción en marcha, reservas probadas, infraestructura y equipos, técnicos y operarios (de Petroperú) que fueron recontratados, pero además un comprador cautivo de esa producción: la propia petrolera estatal, que a partir de ese momento pagó, y paga, el precio internacional por el petróleo que antes fue suyo.

Por eso llama la atención la fragilidad de la memoria del gran empresariado, el mismo que adeuda tributos por más de S/25.786 millones al Estado peruano —dinero que se podría destinar a escuelas, hospitales o inclusión social—, cuando la semana pasada, a través de sus gremios, levantaron su voz de protesta por la eventual adjudicación de tres lotes del noroeste a Petroperú.

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Su memoria selectiva les impidió recordar también el negocio redondo que fue adquirir los activos de Petroperú a precio de huevo roto, que sufrió de esta manera la mutilación de sus principales fuentes de ingresos, como son la renta petrolera y la venta en grifos propios.

Las consecuencias hoy las pagamos todos los peruanos, pues, ante esta caída libre de la producción petrolera (por ausencia de inversiones), el país se ve en la necesidad de importar más de 200.000 barriles de petróleo por día y productos terminados. El resultado: pagar uno de los combustibles más caros de la región.

¿Estará de acuerdo el ciudadano de a pie, en medio de esta crisis económica, con pagar combustibles cada vez más caros? ¿Es justo premio perpetuar este esquema?