Desorden... pero solo aparente, por Diego García-Sayán

El desprestigio y casi nula legitimidad de nuestras instituciones políticas básicas traduce desorden, falta de rumbo. La apariencia general es de prevalencia del desorden.

Un ejemplo son los nueve años (¡¡!!) que viene tomando la construcción de la línea 2 del Metro de Lima, expresión de un desastre institucional que abarca a cinco gobiernos y al propio consorcio internacional contratado. O que el contralor de la República denuncie el ínfimo nivel (¡5%!) de ejecución del presupuesto de prevención por El Niño. La Contraloría, por cierto, tiene que ver con la ejecución presupuestal, cuando con la atribución de ‘control concurrente’, que le da la ley, es parte ‘concurrente’ en el proceso de ejecución presupuestal.

Pero no nos dejemos engañar. Tras el desorden —aparente o muy real—, hay fichas que se vienen moviendo políticamente, de manera estratégica y en varios espacios, para un uso autoritario del poder público, de ejercicio corrupto y vertical del poder. De algo así hemos tenido un ejemplo reciente en Guatemala: el conocido ‘Pacto de los corruptos’, que llevó a la desmembración y desarticulación de un Ministerio Público que había adquirido independencia y, junto con ello, al exilio de decenas de jueces y fiscales, empezando por la exfiscal general Thelma Aldana, quien había liderado una intensa lucha anticorrupción.

PUEDES VER: El Niño: alertan de que Ejecutivo y Gores no tienen planes de prevención ante fenómeno

En el proceso de descomposición institucional en Guatemala fue clave la articulación entre el Gobierno de Giammattei y la actual fiscal general —Consuelo Porras— adscrita al poder de turno, construyendo cuestionables movidas con otros fiscales (el fiscal Curruchiche), silentes frente a la corrupción y empeñados en sacar de carrera al Movimiento Semilla y al presidente electo, Bernardo Arévalo, triunfador en las elecciones recientes.

Ante esa demolición de institucionalidad, imposible no pensar en el Perú. ¿‘Pacto de los corruptos’ en gestación? Hay muy preocupantes semejanzas y amenazas. Destacan tres.

Primero, lo más obvio y evidente: un Congreso que legisla para el beneficio personal de sus integrantes, que ya ha socavado instituciones claves en los pesos/contrapesos del sistema democrático y apunta a socavar más. Por ejemplo, grupos de poder buscan tomar tanto el sistema electoral independiente (JNE) como la institución, también independiente, de designación y evaluación de jueces y fiscales (Junta Nacional de Justicia-JNJ). En eso están ahora los grupos que dominan el Congreso.

PUEDES VER: Congreso: priorizan moción de Chirinos para investigar y remover a miembros de la JNJ

Segundo, un Ejecutivo débil. Aliado menor y por supervivencia de ese Congreso, sigue sin ser capaz de marcar aspectos esenciales de afirmación democrática ante la avalancha autoritaria. Empezando, por ejemplo, por propiciar una investigación en serio sobre las decenas de muertes producidas por la fuerza pública en diciembre pasado. Y la ministra de Educación removida por atreverse a cuestionar una ley congresal contra la meritocracia en el magisterio.

Tercero, una fiscal de la Nación cuestionada por varios asuntos de fondo, dentro de los que destaca su intervención irregular en la investigación fiscal a su hermana, por lo que removió, por decisión personal y en contra del derecho, a la fiscal que la investigaba. Lo más grave: pretender bloquear las tres investigaciones abiertas a ella misma, la fiscal de la Nación, en la JNJ.

Grave que la cabeza del Ministerio Público se procure a sí misma impunidad, cuestionando ante el TC la indiscutible competencia constitucional disciplinaria sobre jueces y fiscales de la JNJ. Y que haya obtenido una resolución judicial de primera instancia, fundada en parte en normas derogadas. Y gravísima la responsabilidad del TC si deja pasar ese atropello a la institucionalidad.

PUEDES VER: Congreso: en marcha ley con nombre propio contra magistrada Inés Tello

Todas piezas convergentes, pues, que conducen a un ejercicio arbitrario y sin contrapesos del poder público. Lo hemos vivido en los 90 del siglo pasado y acabó muy mal. Nunca es tarde para poner freno ahora a esa descomposición y tentaciones autoritarias. Al final de la historia, tarde o temprano prevalecerán, como ahora en Guatemala, los valores democráticos.