Abuso de poder, por Santiago Dammert

En las últimas semanas fuimos testigos de la orden de clausura que ejecutó la Municipalidad de Ate al clásico restaurante Granja Azul. Dicha municipalidad cerró el local por 15 días y le impuso una multa de más de un millón de soles, la cual sería desproporcionada y arbitraria.

La clausura a locales comerciales es una práctica muy difundida entre las municipalidades distritales. Es muy común basarse en la queja de un vecino solitario para retirar licencias previamente otorgadas (otro caso sonado es el del restaurante Verbena en Surco, aunque conozco varios más).

Sorprende cuando estas estrategias intimidatorias son aplicadas por gestiones municipales que supuestamente impulsan la inversión privada: no hay nada más contrario a la inversión que atentar contra la seguridad jurídica de los establecimientos comerciales sin justificación.

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Vivimos en una sociedad en la que se tiene que luchar constantemente contra la aplicación errática de las normas y la represión irracional de las autoridades distritales. Esto es un obstáculo para quienes consideran invertir en un local comercial, pero no solo afecta a los comercios; impacta en la calidad de nuestro entorno urbano.

La problemática se extiende a nuestra experiencia diaria de la ciudad; pareciera que a las autoridades les diera gusto restringir los derechos ciudadanos vinculados al espacio público (basta sentarse en un parque para que un sereno se acerque a reclamarnos algo).

Más allá de su cuestionable comportamiento, las municipalidades están configuradas para tomar decisiones de manera inconsistente. Es un sinsentido que nuestra ciudad esté dividida en 50 feudos dirigidos por alcaldes con egos y ambiciones distintas, cada uno con normativas e interpretaciones propias de cada ley. Por el bien de la ciudad, necesitamos contar con reglas claras y criterios uniformes para todos.