Las desaparecidas

La Defensoría del Pueblo ha señalado que, en el primer semestre de este año, hay 2.889 alertas por mujeres desaparecidas. Hay dos datos que deben preocupar adicionalmente. El primero es que se trata de 200 casos más de desapariciones que el correspondiente a similar periodo del año pasado. El segundo es que en su mayoría (57%) son niñas y adolescentes.

El hecho de menores de edad en condiciones de desaparecidas, agrega un peligro real a esta situación. La existencia de redes de trata de personas o explotación sexual que están afectando la libertad y la tranquilidad de las mujeres podrían ahora ser las responsables de este incremento.

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Especialistas en estos delitos explican que en el grupo tan grande de mujeres que desaparecen hay quienes lo hacen voluntariamente. Son personas que han sufrido agresión doméstica sin que las autoridades hayan logrado ayudarlas a superar la situación, o también son quienes a su modo intentan dejar atrás su sufrimiento, sin acudir a ninguna autoridad. Pero al tratarse de niñas y adolescentes esta posibilidad es remota, porque difícilmente el alejamiento del hogar es voluntario.

La Defensoría recibió, en el 2022, 11.524 denuncias de desapariciones de mujeres. La mayoría en Lima, con 3.799 alertas, seguida de Cusco, Junín y Lambayeque. El registro policial es menor en ese mismo período: 5.341, de las cuales cerca del 54% de las mujeres aparecen. Es decir, poco más de 2.500 de ellas son ubicadas y del resto no se sabe dónde estarán.

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Los subregistros también resultan una anomalía que debe ser analizada por las autoridades competentes. Las mujeres que desaparecen podrían ser víctimas de diferentes delitos, extorsión, trata, violencia y, en el peor extremo, feminicidio. El 22% de casos que han terminado en homicidio agravado por la condición de mujer han empezado con una denuncia por desaparición.

Es tiempo de exigir que cese la invisibilidad de las mujeres hasta en estos casos policiales y que podrían estar asociados a alguna forma de delito. El hecho que además las víctimas sean, en su mayoría, niñas y adolescentes debe impulsar a la sociedad en su conjunto a reclamar e interesarse en ubicar a todas con vida y darles la seguridad y la tranquilidad familiar de la que podrían carecer. Es una asignatura pendiente que no puede posponerse.