El dicho “a río revuelto, ganancia de pescadores” tiene gran vigencia en nuestro país. Nuestra precaria institucionalidad pierde capacidades de manera acelerada con cada crisis. El problema mayor es que los episodios de crisis son cada vez más recurrentes, aumentando las áreas grises, que pasan a la sombra en el debate público. Mientras los reflectores están siguiendo a los protagonistas del nuevo episodio de crisis, los actores de reparto improvisan con amplios márgenes de libertad.
Por esto, hoy me parece importante poner luz a un proceso que viene pasando desapercibido y que debería, por el contrario, generar alarma: el reporte anual de producción minera. Específicamente, la estimación de la producción de oro por minería artesanal, incluyendo la informal e ilegal.
Se sabe que las economías ilegales vienen creciendo en el país. Narcotráfico, tráfico de tierras, tala y minería ilegal son actividades millonarias. La magnitud de ganancias que generan está en debate y una manera de hacer un cálculo es revisando los datos existentes sobre producción. Esto permite deducir dimensiones y medir en parte el impacto. Este seguimiento es una manera de poner un cascabel al gato y al menos oírlo.
El Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) ha puesto una alerta al publicar su reporte anual de vigilancia a las industrias extractivas. Los datos analizados por ellos, generados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), señalan una disminución drástica de la producción de oro artesanal. Algo que debería alegrarnos si es que respondiera a una política seria de reducción de áreas de explotación ilegal. Pero no es así.
Desde el 2020, las cifras del MEM marcan un declive inexplicable de producción. Según estos datos, se pasa de producir un estimado de 14,5 millones de gramos finos de oro al año (2019) a 2,8 millones. Se podría pensar que tiene que ver con un reporte deficiente en el año de la pandemia. El problema es que el MEM, para el 2021 y para el 2022, reporta solo un estimado de 1 millón de gramos.
El GPC hizo un pedido de información al MEM sobre estos cambios en las cifras, preguntando si se trataba de un nuevo sistema de reporte. La respuesta del ministerio es una evasión al tema de fondo. Solo ratifican que mantienen el método de cálculo y no dan ningún tipo de explicación sobre la reducción en el reporte.
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Por arte de magia no desaparecen 12 millones de gramos finos de oro. Lo que parece haber desaparecido es el cascabel que le poníamos a este tipo de producción, dejándonos ciegos y sordos frente al avance de la minería ilegal.
Recordemos a Paco Durand cuando decía que las ganancias de esta actividad se lavan, la mayor parte de las veces, a través de la economía formal. No tener una estimación adecuada de la producción impide ver el avance de la actividad en sí, así como el de la criminalidad que la rodea.