Chile: la consagración de la democracia, por Ariela Ruiz Caro
“Que la votación haya recaído en manos del Partido Republicano, cuyo candidato se negaba a cambiar la Constitución, es una paradoja en la lucha social”.
Los resultados de la elección de los 50 miembros del Consejo Constitucional que culminará la redacción de la nueva constitución representan una derrota para el Gobierno del presidente Boric y para todos aquellos, no necesariamente identificados con partidos de izquierda, que consideraban que la constitución de 1980 debía ser reemplazada. Así lo expresaron con total contundencia los chilenos en octubre de 2020, cuando, durante el Gobierno del presidente Piñera, se realizó un referéndum. Con una votación de casi 80%, la ciudadanía apostó por la redacción de un nuevo texto mediante una asamblea constituyente.
Esta acción fue parte del acuerdo de paz firmado entre aquel Gobierno y las fuerzas de oposición para poner fin a las históricas protestas en todo el país, iniciadas en octubre de 2019. Escondido detrás del orden macroeconómico, crecimiento sostenido y uno de los PBI per cápita más altos de la región, un descontento creciente laceraba la sociedad chilena por sus altos niveles de desigualdad y una clase media que vivía al borde del abismo de la línea de pobreza. Los focos del descontento se concentran en el fracaso del sistema privado de jubilación y las crecientes diferencias en la calidad del sistema de educación pública y el privado.
En marzo de 2021 se eligieron a los 155 constituyentes que redactarían la nueva constitución. El triunfo fue de los independientes, con un 42% de votos, seguido por la alianza con los partidos de izquierda radical (Frente Amplio de Boric, Partido Comunista y otros). Al mismo tiempo se inició el proceso de pérdida de protagonismo de los partidos moderados de derecha, liderados por Piñera, y peor aún, de los de la izquierda que administraron alternadamente con los primeros, el modelo neoliberal heredado del régimen de Pinochet.
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En esa oportunidad el partido gobernante, de Piñera, no alcanzó el tercio de votos requeridos para ejercer el veto, así que los independientes y los representantes de la izquierda radical tuvieron en sus manos la redacción de la nueva constitución, por espacio de un año. Sin embargo, en septiembre del año pasado, ya con Boric en la presidencia, esta fue rechazada por un contundente 68%. La ambición, inexperiencia, y el no haber dialogado con las fuerzas opositoras, como lo reconoció Boric en las elecciones del domingo, fueron factores que determinaron la derrota.
Las elecciones de los concejales constituyentes, el domingo, fue la salida acordada para continuar con la nueva constitución. Como el Partido Republicano de derecha radical –cuyo líder José Antonio Kast es admirador de Pinochet, Trump y Bolsonaro– tiene un tercio de los miembros, tiene poder de veto. Si sumamos a los concejales de la derecha moderada, tienen mayoría y, por lo tanto, la sartén por el mango para redactar la nueva constitución. Los términos cambiaron radicalmente. Que la votación haya recaído en manos del Partido Republicano, cuyo candidato se negaba a cambiar la Constitución, es una paradoja en la lucha social.
No obstante, el camino iniciado en Chile para cambiar la Constitución es un paso positivo. Si Kast aspira a ganar las elecciones presidenciales de 2026, difícilmente mantenga su posición de rechazar cambios al texto de 1980. Las causas que generaron aquel estallido social de octubre de 2019 siguen incólumes. Es probable que la derecha radical, que tiene ahora en sus manos los contenidos del texto de la nueva constitución, deba hacer algunas concesiones para evitar que el texto sea rechazado nuevamente en la votación plebiscitaria de diciembre. Kast intentará presentarse como un estadista de consensos. Con la correlación de fuerzas actuales, su aprobación representará un límite para los cambios que Boric y sus partidarios aspiraban, pues además no tiene mayoría parlamentaria.
Por otro lado, aunque la nueva constitución no incluya los cambios que muchos chilenos anhelaban, al menos tendrán una redactada en democracia y no por un grupo de media docena de expertos designados por una junta militar, a pesar de las múltiples reformas que esta ha tenido. La historia continúa.