Son múltiples las voces que reclaman desde Piura. Autoridades locales y regionales que no están recibiendo los presupuestos para atender la emergencia y los propios ciudadanos, organizados en colectivos, que están demandando menos fotos y más ayuda pronta, mientras las ciudades del norte colapsan por las lluvias y por las obras de prevención que no se construyeron en su momento, lo que hoy genera cuantiosas pérdidas en daños materiales y personales que se van acumulando, sin que encuentren soluci
La población afectada espera que las autoridades atiendan con urgencia la salida al mar del río Piura, el control de cuencas ciegas, el reforzamiento de las defensas ribereñas, el restablecimiento de la transitabilidad, la provisión de servicios de agua y desagüe, la construcción de presas de laminación en Yapatera y Río Seco y el control del reservorio de San Lorenzo.
Todas ellas se han programado, tienen expedientes aprobados, pero no se han ejecutado por un incumplimiento de las promesas de los sucesivos Gobiernos. Para los piuranos, después de 50 años, se ha agudizado su condición de vulnerabilidad y la respuesta no puede ser la que ha dado el Gobierno actual, al señalar “que ya no hay nada que hacer”.
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El gobernador regional Luis Neyra ha precisado que ya se han realizado acciones para reforzar a los municipios que tienen que afrontar la emergencia, pero que el Gobierno central no ha emitido un comunicado oficial que diga expresamente que los Gobiernos locales puedan modificar sus presupuestos para atender los requerimientos actuales. El MEF ha ofrecido que repondrá los fondos utilizados en la emergencia; pero sin un documento oficial, los alcaldes no creen en las promesas.
El Ejecutivo ha dispuesto que un equipo de varios ministros asuma la responsabilidad de la gestión de mitigar el desastre en Piura y ha anunciado que se destinarán cuatro mil millones de soles para atender la emergencia. Hay algunos anuncios sobre ayuda en alimentos y agua, además de motobombas y otras maquinarias.
Por el momento, la región Piura está en emergencia nivel 5, y su población tiene derecho a la seguridad, al alimento, a la salud, que están siendo vulnerados. Es momento de respuestas urgentes a exigencias bien definidas. El Gobierno no puede seguir jugando con el fuego de la promesa vana o de la respuesta displicente y a destiempo. Hoy el tiempo le está jugando en contra a la administración de Dina Boluarte, que no puede perder el norte.

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