Cargar la cruz

El Congreso peruano le hace honor a las voces que gritaron, siglos atrás ¡que liberen al asesino! Antes que preservar la vida de una persona incómoda, una voz que cuestionaba el statu quo, optaron por salvar a quien era probadamente un delincuente. La elección de Barrabás, antes que Jesús, se repite cotidianamente en nuestro país.

La interpelación a Otárola no prosperó y la moción de vacancia a Boluarte tampoco. No importa que 69 personas murieran en las protestas, que más de 40 hayan sido probablemente ejecutadas extrajudicialmente pues, como demuestran investigaciones nacionales e incluso internacionales, la gran mayoría de quienes murieron por impacto de arma de fuego en Ayacucho, Juliaca y Apurímac no estaban ni tomando aeropuertos, ni significaban un riesgo para la vida de los oficiales que dispararon. El mensaje es claro, la muerte de personas que traen mensajes incómodos no importa. Lo que importa es mantener a quienes les permiten seguir jugando con el país, a quienes les garantizan su continuidad en el Parlamento.

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También impera en el Congreso la lógica de la venganza. Esta semana decidieron incluir en la lista de personas que deben ser investigadas por la Fiscalía, por las muertes en el paro de marzo del 2022, a la ex primera ministra Mirtha Vásquez. Quienes hicieron el informe que incluye como acusada a la señora Vásquez saben perfectamente que ella renunció dos meses antes. No era parte del equipo de Gobierno durante estas protestas. Pero no importa, lo que prima es la venganza.

Confirmar que los aparatos públicos encargados de garantizar justicia hacen lo opuesto resulta desgarrador. El anuncio de la fiscal de la nación de la creación de un grupo de fiscales especializados para investigar las muertes durante las protestas contra el Gobierno de Boluarte ha generado rechazo y preocupación de parte de los equipos legales que llevan los casos y de los propios familiares de las víctimas.

Carlos Rivera, uno de los abogados que acompaña a los familiares de las víctimas en este proceso, señala con claridad que en el Perú existen fiscalías especializadas en casos de violaciones de derechos humanos (DDHH) pero que, de los ocho fiscales escogidos para integrar este grupo especial, solo uno tiene experiencia previa en la materia. Si esto es así ¿para qué crear este equipo en lugar de fortalecer las fiscalías de DDHH que ya están avanzando en la investigación? ¿No será una estrategia más para dilatar los procesos? ¿Otra vez una estrategia de impunidad?

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El comportamiento en el Perú de las personas con poder lo único que hace es mantener el viacrucis de los familiares de las víctimas. Y en realidad, el de todos y todas las peruanas.

Nuestra democracia agoniza y por ahora nada deja entrever su posible resurrección.