No una, sino muchas muertes

La Defensoría del Pueblo ha informado que la Fiscalía de la Nación no tiene ningún investigado en 16 casos de fallecidos en las protestas sociales. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte no hace nada desde el Ejecutivo por esclarecer las casi 50 muertes ocurridas desde diciembre pasado cuando la población, especialmente del sur del país, se levantó exigiendo su renuncia, nuevas elecciones y una asamblea constituyente.

El Ejecutivo se ha limitado a entregar una indemnización monetaria a familiares de fallecidos y heridos, pero no conformó ninguna comisión investigadora, acaso para no chocar con los policías y militares que sustentan su frágil administración. Su única respuesta, dilatoria, por cierto, es que la investigación de las muertes está en manos de la Fiscalía.

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Esta parsimonia del Gobierno no solo tiene exacerbados a los familiares de las víctimas (civiles, militares y policías), sino que ha merecido enérgicos pronunciamientos de organismos internacionales sobre las armas letales que utilizaron las fuerzas del orden para reprimir las manifestaciones. Por esto piden sanción para los responsables.

Tampoco ha habido hasta ahora sanción para los responsables políticos. El entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, fue promovido al cargo de jefe del gabinete, y en su declaración ante el Ministerio Público señaló que él nunca supo si las fuerzas del orden utilizaron armas letales para sofocar las protestas.

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Según mostró la prensa mediante informes y videos, entre los responsables de las muertes hay efectivos de las fuerzas del orden y, en menor medida, los vándalos y violentistas. El Gobierno está en la obligación de explicar y asumir su responsabilidad respecto a estos hechos. Y someterse al veredicto de la justicia.