¿Estamos en el fujimorismo 2.0?

Por: Jo-Marie Burt

El próximo 7 de abril se cumplen 14 años desde que Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de graves violaciones a los derechos humanos, que según el tribunal de la Corte Suprema de Justicia que emitió la sentencia constituían crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional. Luego fue condenado por corrupción y abuso de autoridad. Otros juicios contra el exdictador están pendientes, entre ellos, la masacre de Pativilca.

Durante los diez años en que Alberto Fujimori ostentaba el poder, reinaba la arbitrariedad, los jueces sin rostro, las detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual y la desaparición forzada. Junto con su asesor y brazo derecho, también en prisión, Vladimiro Montesinos, esperaban quedarse en el gobierno por varios años más. Pero al estar inseguros de ganar las elecciones en 2000 libremente, corrompió el sistema electoral para garantizar un tercer periodo inconstitucional el en poder. Un video significó el fin de su gobierno.

En noviembre del 2000, Fujimori se fugó del país y renunció por fax desde Tokio; el Congreso lo declaró moralmente incapaz de seguir ejerciendo la presidencia y lo destituyó.

Pocos imaginaron que Fujimori se sentaría en el banquillo de los acusados y que iba a responder por algunos de sus crímenes. Pero gracias a la justicia internacional, fue extraditado para enfrentar la justicia peruana, donde fue procesado y luego condenado como autor mediato de la masacre de Barrios Altos, en que el Grupo Colina asesinó a sangre fría a 15 personas, entre ellos, a un niño de ocho años, Javier Ríos Rojas, así como la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta.

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Quienes ostentan el poder hoy en día están embarcados en un proyecto muy parecido al de Alberto Fujimori. Quieren mantener el simulacro de que funciona el sistema democrático, pero usan las herramientas de la democracia para destruirla, destripando el equilibrio de poderes para mantenerse en el poder y aplastar cualquier voz disidente.

Como el gobierno de Fujimori, quiere callar a la prensa independiente y utilizar los medios de comunicación masivos para tapar sus fechorías y sus abusos.

Hoy el gobierno de Dina Boluarte terruquea a los y las manifestantes de ser terroristas o criminales, y los responsabiliza de los muertos sin prueba alguna –a pesar de que abundan las pruebas de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad–, tal como hizo el fujimorismo, que insistía –falsamente– que los muertos en Barrios Altos eran terroristas y que los desaparecidos de La Cantuta se autosecuestraron.

¿Estamos en el fujimorismo 2.0?

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Como el reo de Barbadillo, tarde o temprano, Dina Boluarte y sus ministros también responderán ante la justicia por lo que están haciendo.

Como dice Gloria Cano, abogada que representó a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta en el juicio contra Fujimori, “la impunidad siempre se vence”.