El penúltimo de Alberto Fujimori duró ocho años, el último de Pedro Castillo ni 90 minutos, pero cualquier golpe de estado —sea de derecha o de izquierda— debiera ser erradicado del menú político peruano, lo cual requiere sancionar con rigor a sus cabecillas y combatir las narrativas que intentan justificarlos.
Los procesos sobre el intento de golpe del 7 de diciembre avanzan con rapidez en el Congreso y en la justicia mediante el desafuero de sus perpetradores y el allanamiento de sus viviendas.
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El detrás de cámaras del anuncio de disolver el Congreso tuvo un efecto demoledor en los alegatos a favor de Castillo, pues ni estaba drogado, sino todo lo contrario, y fue evidente que la entonces premier Betssy Chávez era la productora del putsch con el guion del expremier Aníbal Torres.
Asimismo, se van consolidando los testimonios que apuntan a que el golpe de Castillo fue un intento de eludir las denuncias de sus actos de corrupción, las cuales se han reforzado bastante en las últimas semanas.
Una expresión de la soledad de Castillo es que desde Guillermo Bermejo hasta el propio Torres tratan de tomar distancia de su decisión golpista.
Incluso, las explicaciones para tratar de salvar a Castillo ya rayan, frente a los hechos que se van revelando, en el absurdo. Desde su abogado Leonardo Croxatto de que “no fue un golpe de estado, fue un hecho atípico” —quizá quiso decir que no está tipificado en el código penal—, pasando por el alegato de Chávez en el hemiciclo con una justificación política por el racismo, pasando por las explicaciones de gente de izquierda como la exministra Anahí Durand o el sociólogo Sinesio López en el sentido de que el aprendiz de dictador solo fue una víctima de las circunstancias por la persecución de la derecha, empresas, congreso y medios.
Pronto Pedro Castillo se va a desesperar en el penal VIP del fundo Barbadillo y empezará a cantar sobre sus cómplices, con quienes debe cumplir varios años de cárcel, pero por más precarios que sean los versos del golpe, queda pendiente el esfuerzo crucial de erradicar las narrativas erradas del golpe en la ciudadanía, como que este en realidad lo hizo el Congreso, o que así se quería defender al pueblo.