
Por: Marisa Glave
La señora Boluarte ha señalado que el Estado peruano no tiene las maquinarias ni los recursos para hacer frente a las necesidades generadas por la emergencia climática que vivimos. Por ello, acudirá a la solidaridad del sector privado.
La responsabilidad social empresarial ha crecido en el Perú y se ha diversificado. Es bueno que se exprese momentos como estos. Lo que no está bien es que tengamos un Estado dependiente, incapaz de desarrollar acciones esenciales para la ciudadanía si es que no es con “ayuda” del sector privado. Eso debe prender nuestras alarmas por varias razones.
La primera es que es mentira que no tengamos recursos para atender emergencias. Como le contestó un ciudadano indignado en Piura a Boluarte: si de verdad no hay recursos, ¿por qué el Congreso gasta millones en remodelar oficinas?
O como activistas de derechos humanos denuncian: ¿sí tenemos recursos para adquirir bombas lacrimógenas, pero no para alquilar motobombas? Lo que tenemos es un problema de prioridades y de planificación del gasto.
La segunda es que el Estado podría tener más recursos, pero no hace lo necesario para captarlos. Una tarea pendiente es el de la ampliación de la base tributaria. Muchas personas generan ganancias en la informalidad y deberían pagar impuestos.
Pero también hay otro camino que es urgente y que tiene que ver con el cobro a tiempo de los impuestos que el sector formal –sobre todo la gran empresa– debe pagar. Esta tarea incomoda a quienes tienen poder y buscan boicotearla para evadir, eludir y retrasar el pago de impuestos.
Sunat, con mucho esfuerzo, ha seguido y ganado largos procesos judiciales a empresas deudoras como Telefónica. Pero este esfuerzo ha recibido un duro revés por una sentencia del Tribunal Constitucional que, desde la lectura de expertos como Luis Arias Minaya, es una amnistía camuflada y un incentivo para el retraso en el pago de impuestos.
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Si una gran empresa debe impuestos, puede cuestionar el cobro y pedir su revisión a la Sunat y al Tribunal Fiscal (TF). Pero ¿qué pasa si el TF confirma la deuda? Pues la empresa puede iniciar un proceso judicial.
Los procesos que se llevan en el PJ no son por mil o dos mil soles, son por millones. Sunat enfrenta en muchos casos a grandes bufetes de abogados que tienen la capacidad de presentar recursos especiales que en los hechos demoran por años los procesos. Durante todo este tiempo, el país no tiene acceso a recursos que necesita y por el contrario las empresas siguen usando ese capital.
Por eso, cuando Sunat gana un proceso de años, cobra también los intereses tributarios.
El TC decidió anular esos intereses tributarios. Me pregunto yo: ¿defendiendo el interés de quién?
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Cuando oigamos a la señora Boluarte decir: “No hay recursos”, recordemos que no es cierto, lo que no hay es un esfuerzo por defender lo que es nuestro y un afán por volvernos dependientes de la caridad.





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