El desmantelamiento de la democracia
“Si bien hace un mes no se registran nuevos muertos, continúa el terruqueo a las manifestantes y las detenciones irregulares y arbitrarias...”.
Se van a cumplir tres meses desde que Dina Boluarte asumió la presidencia luego del autogolpe fallido de Pedro Castillo. Su gobierno fue impopular desde el inicio, y lo sigue siendo, con movilizaciones sociales a lo largo y ancho del país y 3 de 4 peruanos exigiendo su renuncia, el cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones generales.
Sigue sin reconocer su responsabilidad en la muerte de 48 civiles, quienes murieron a causa de proyectiles de armas de fuego provenientes de las fuerzas del orden.
A pesar de su impopularidad, Dina Boluarte sigue en el poder, de la mano de los sectores de derecha del Congreso, con quien se ha hecho un acuerdo faustiano para mantenerse en el poder.
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Ante la debilidad de su gobierno, ha buscado reforzar su capacidad para reprimir y controlar las protestas. A la semana de asumir el gobierno, la presidenta decretó un estado de emergencia, que lo ha ido renovando, y el 5 de febrero emitió un nuevo estado de emergencia en varias regiones adicionales. También autorizó la transferencia de US$63 millones al Ministerio de Defensa para apoyar la participación del ejército en el control de las manifestaciones. Las fuerzas armadas directamente controlan el orden en Puno, donde mataron a 18 personas el 9 de enero.
Si bien hace un mes no se registran nuevos muertos, continúa el terruqueo a las manifestantes y las detenciones irregulares y arbitrarias, especialmente contra quienes se considera que desempeñan un papel de liderazgo en las protestas. Además, Boluarte y su primer ministro han presentado un proyecto de ley ante el Congreso que busca incrementar las penas a personas condenadas por crímenes cometidos durante un estado de emergencia.
Una legislación draconiana que busca incrementar el castigo y así disuadir a los y las ciudadanos de participar en las movilizaciones sociales que hace recordar la peor época del fujimorismo.
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Ante esa situación, el anuncio del Tribunal Constitucional la semana pasada, sobre una sentencia que virtualmente destripa el equilibrio de poderes al eliminar cualquier control judicial a las acciones del Congreso, avecina tiempos mas difíciles en el país.
Es previsible que ahora, desatado, el Congreso buscará cambiar la defensora del Pueblo, a quien no les gusta porque ha jugado un papel importante de defensa de los derechos humanos, y a las autoridades electorales, a quienes tampoco les gusta porque hicieron su trabajo en 2021 al no avalar su tesis delirante de fraude electoral.
Con ello, queda corta la categoría de régimen híbrido que la revista The Economist asignó al Perú para reflejar el grave deterioro de la institucionalidad democrática en el 2022. Boluarte y sus aliados en el Congreso están desmantelando la democracia y haciendo lo posible para consolidar un régimen autoritario.