Tiempo de resistencia y organización

El Congreso y la dupla Boluarte-Otárola han logrado bloquear el adelanto de elecciones para 2023, ninguneando la demanda que cuenta con mayor respaldo en las calles y en las encuestas, en estas ya largas semanas de conflictiva movilización social.

Del lado del Gobierno, el dudoso logro parece animar a la presidenta a volver a la idea con la que juró el cargo: quedarse hasta 2026. A estas alturas, está demostrado que Boluarte está dispuesta a defender la “sucesión constitucional” a sangre y fuego. Del lado del Congreso, queda claro que las ampliaciones de legislatura tuvieron como verdadero propósito mecer a la gente y ganar tiempo para un reacomodo con miras a tentar la permanencia hasta 2026. Patear la discusión para la segunda legislatura no es una “pausa para meditar el asunto”, como dice el presidente del Congreso, sino un momento de ajuste de cuentas entre las fuerzas de la derecha y la ultraderecha.

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Recordemos que las celebraciones parlamentarias por la caída de Pedro Castillo se vieron interrumpidas no solo por la masiva respuesta ciudadana, sino también por el fujimorismo, que con la consigna de pescar a río revuelto se adhirió a la causa del adelanto electoral antes de 2024, desordenando lo que fue en principio una resistencia cerrada del Parlamento al clamor popular.

Claro que este reordenamiento de fuerzas va más allá de pasarle factura al partido de Keiko Fujimori por “irresponsable”. Lo que se está negociando es un “paquetazo” de medidas para asegurar la continuidad de las organizaciones políticas actualmente enquistadas en el Congreso. Para empezar, las bancadas de derecha, entre las que destacan Renovación Popular y Avanza País, han presentado proyectos de reforma constitucional para aprobar la reelección inmediata de congresistas. También buscan el control de las entidades electorales, pues plantean que arbitrariamente se recorte el mandato de los jefes de la ONPE y del JNE a abril 2023.

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Otras bancadas no se quedan cortas: Acción Popular, a modo de chantaje, propone el recorte del mandato de los alcaldes y gobernadores que recién entraron en funciones (?), mientras que Somos Perú plantea que la segunda vuelta no sea entre dos, sino entre tres o hasta cuatro candidatos (!). Y por si fuera posible quedarse, se alistan dos normas para cogotear al Ejecutivo: regular la famosa “incapacidad moral permanente” como causal de vacancia presidencial y eliminar el voto de confianza obligatorio al nombrarse un nuevo gabinete de ministros, a fin de disminuir las opciones de las que dispone el Ejecutivo para disolver el Parlamento.

En este escenario, pese a que el adelanto de elecciones podría ser definitivamente desestimado, no faltan quienes ponen la carreta delante de los caballos, jugando antes de tiempo a negociar membretes y diseñar planchas y listas. Si bien el interés de darle una expresión electoral al malestar ciudadano puede ser legítimo, también hay otras urgencias.

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Tanto o más que ofertas o frentes electorales, la tarea política de esta hora es responder a la arremetida del Congreso, pues si se les deja la mano libre terminarán por capturar el sistema electoral y la Defensoría del Pueblo, aspiración para la que ya cuentan con un TC a su medida. Con la misma premura, es necesario ampliar el soporte a las fuerzas democráticas movilizadas, a las que el Gobierno continuará criminalizando y reprimiendo, en busca de reducir la masiva movilización a unos pocos “focos de conflictividad”.

Ambas tareas deben tener como centro las demandas políticas de las regiones: un gran pacto para un nuevo tipo de representación capaz de impulsar cambios estructurales en nuestro país. Para ello necesitamos convocar a una plataforma amplia con participación de actores políticos y sociales dispuestos a poner un freno a quienes hoy imponen la arbitrariedad desde los tres poderes del Estado.