Política

Congreso: en el Legislativo quieren una Constitución a su medida

Comisión parlamentaria a cargo de plantear modificaciones a la Carta Magna fracasó con adelanto electoral, hasta ahora, y avanza con cambios a la vacancia presidencial. Esta semana debe debatir propuestas de renovación por mitades del Poder Legislativo. Se declaró en sesión permanente.

Intentos. Grupo de trabajo liderado por fujimorista Hernando Guerra García se alista para retomar propuestas para recomponer el Jurado Nacional de Elecciones y renovación del Congreso. Foto: Congreso
Intentos. Grupo de trabajo liderado por fujimorista Hernando Guerra García se alista para retomar propuestas para recomponer el Jurado Nacional de Elecciones y renovación del Congreso. Foto: Congreso

En el Congreso, la Comisión de Constitución impulsa cambios a nuestra Carta Magna, normativa máxima en el país, que suman controversia sobre las intenciones de los parlamentarios.

En la actual legislatura, que empezó en agosto del año pasado, esta comisión, presidida por el legislador fujimorista Hernando Guerra García, ha tenido una agenda marcada por los pedidos de adelanto de elecciones generales y modificar la vacancia e infracciones presidenciales.

Adelanto de elecciones

El anticipo electoral se aprobó en este grupo de trabajo, pero naufragó en el pleno del Parlamento. Como todo intento de modificar la Constitución, necesita aceptación del Parlamento en dos legislaturas con 87 votos a favor o conseguir 66 adhesiones y luego ser ratificado por la población en referéndum. La propuesta no logró suficiente respaldo y se espera que 66 legisladores la saquen del archivo.

La fórmula aprobada en comisión el 1 de diciembre, antes del frustrado golpe de Pedro Castillo, era cambiar de Gobierno y Congreso en julio de este año. El dictamen partió de proyectos de los congresistas Digna Calle, de Podemos Perú, Susel Paredes y Edward Málaga.

Después, con las protestas encima, el Gobierno de Dina Boluarte envió otro proyecto y se modificó el dictamen con la fórmula de comicios en abril del 2024 y cambio de mandos en abril de ese año. El pleno lo aprobó en primera votación, pero un mes después Guerra García pidió reconsideración para volver a votar con propuesta con elecciones a fines del 2023 y no se consigue el necesario respaldo.

Vacancia y acusación

La modificación de la vacancia y las infracciones presidenciales fue aprobada en la comisión el último martes y está a la espera el debate y votación en el Pleno.

El dictamen de Constitución plantea que el presidente de la república pueda ser vacado por incapacidad mental o física acreditada por junta médica, y mantiene la controversial causa de incapacidad moral permanente. Varios advierten allí una puerta abierta al abuso por lo subjetivo de los temas morales.

Además, propone que un mandatario pueda ser acusado también por delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción de funcionarios y contra poderes del Estado y orden constitucional (rebelión, sedición y motín), y que sea factible que se le investigue por esos mismos delitos.

El dictamen toma 18 proyectos, pero desechó aportes para superar la subjetividad y propuestas de incluir delitos como organización criminal y lesa humanidad para una acusación.

Han sido dejadas de lado propuestas de respuesta más integral al problema de la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Aunque aduce fortalecer las relaciones entre ambos poderes, en realidad no cambian, en esencia, la situación de precariedad institucional en que está la presidencia de la República”, dice el abogado constitucionalista Pedro Grández, profesor de las universidades Católica del Perú (PUCP) y San Marcos.

“Si la ‘incapacidad moral’ junto a la ‘incapacidad física’ permite interpretar ‘moral’ como equivalente de ‘mental’, siguiendo una vieja tradición de los civilistas franceses, con esta propuesta esa tesis ya no sería posible: la ‘permanente incapacidad moral’ con toda su virulencia subjetiva, se convertiría en una auténtica cláusula de juicio político sin más”, advierte.

“La Constitución y sus reformas deben cumplir función integradora: pacificar y ordenar las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con la sociedad. En este momento, hay que saber diferenciar lo urgente de lo importante. El adelanto de elecciones debe ser prioritario y generar incentivos para que la nueva composición tenga voluntad política de reformar la Constitución con un mejor diseño político”, considera el abogado constitucionalista Diego Pomareda, docente de la PUCP.

“Además de no atender los asuntos urgentes, la Comisión de Constitución está llegando tarde a los problemas del país. Hay propuestas desde abril del 2022 que ya anticipaban situaciones como la que nos encontramos, pero no fueron agendadas oportunamente”, añade.

De este modo, se evitar dejar las subjetividades y sus peligros.

Se pierde la oportunidad de detallar y acotar las causales de vacancia por incapacidad moral, lo que parlamentariza más el régimen político peruano, ya que se desdibuja el principio de mandato fijo que es inherente al presidencialismo”, anota la abogada constitucionalista Alexandra Molina, docente de la Universidad Científica del Sur.

La ‘incapacidad mental’, más allá de que haya junta médica, también es peligrosa y subjetiva en la indeterminación, fomentando estigma contra cualquier neurodiversidad. Un cuadro de ansiedad o diagnóstico de bipolaridad, incluso controlado, podría usarse para sacar a un presidente. Sería una reforma inconstitucional por vulnerar el derecho a la igualdad y el de sufragio pasivo de la persona neurodiversa”, agrega.

Hay otras miradas a favor de la subjetividad de la vacancia.

“Veo importante mantener la causal de incapacidad moral y distinguir incapacidad mental y moral. La segunda está vinculada a la probidad, a representar a la nación con probidad. Siempre será subjetivo porque los tiempos cambian”, dice el constitucionalista Erick Urbina, profesor de la Universidad de Lima.

“Es positivo que incorporen nuevas causales para acusar al presidente, pero me llama mucho la atención que no hayan incorporado la causal del delito de organización criminal, que involucra a personajes políticos hoy investigados”, comenta.

Como se sabe, líderes políticos como Keiko Fujimori y José Luna son investigados por la Fiscalía por delito de pertenencia a una organización criminal.

En agenda

En la actual legislatura, la Comisión de Constitución ha agendado varias propuestas de cambios a la Carta Magna. Al empezar, en agosto, hizo que Digna Calle y Susel Paredes sustentes sus iniciativas de adelanto electoral, pero fue recién en diciembre que logró un dictamen que terminó en el archivo en el Pleno, pese a la crisis que se vive.

Además, dedicó varias sesiones a propuestas de modificaciones a la Constitución para que vuelva la reelección de gobernadores y alcaldes, que todavía no llegan a un dictamen.

Las propuestas para recomponer el Jurado Nacional de Elecciones están también en la agenda de este grupo de trabajo.

Para esta semana, la comisión busca debatir el proyecto para que haya renovación por mitades en el Congreso. El grupo entró a sesión permanente.

Reacciones

Pedro Grández, constitucionalista, PUCP y UNMSM

Han sido dejadas de lado propuestas de respuesta más integral al problema de la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Aunque aduce fortalecer las relaciones entre ambos, en realidad no cambian”.

Erick Urbina, constitucionalista, UL

“Es positivo incorporar nuevas causales para acusar al presidente, pero llama la atención que no hayan incorporado la causal del delito de organización criminal, que involucra a personajes políticos”.

Alexandra Molina, constitucionalista, UCSUR

“Se pierde oportunidad de detallar y acotar causales de vacancia por incapacidad moral, lo que parlamentariza más el régimen, ya que se desdibuja el principio de mandato fijo del presidencialismo”.

Infografía - La República

Infografía - La República

Congreso amplía legislatura hasta el 17 de febrero

El presidente del Congreso, José Williams, amplió la legislatura hasta el 17 de febrero. Esto, con el fin de retomar la discusión del adelanto de elecciones generales como solución a la crisis nacional que se vive en el país.

Por otro lado, también se atenderá el informe de la denuncia constitucional 307, aprobado por la Comisión Permanente, para acusar al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado peruano.