TC a la medida

La justicia ha dejado de ser ciega. Ahora pesa en una balanza el poder político o económico antes de determinar sus decisiones. Para probar esta afirmación, solo debe verse el proceder del organismo tutelar de la Constitución que decidió que el Congreso de la República está habilitado para imponerse sobre el Poder Judicial en los casos específicos de la elección del defensor del pueblo, la reforma del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y la conformación de comisiones investigadoras para casos que considere de interés público.

Al TC, nombrado a velocidad por el mismo Congreso al que ahora está favoreciendo en el marco de un proceso con fallas de transparencia, le corresponde también una decisión controvertida que beneficia a más de 100 grandes empresas mediante un veredicto que desaparece los intereses moratorios de las deudas tributarias y genera una pérdida de 12 mil millones de soles, razón por la que la Sunat ha pedido la nulidad de la sentencia y el MEF la ha cuestionado.

En esta ocasión, el TC ha roto el equilibrio de poderes que garantiza, en una democracia, la posibilidad de control, fiscalización y vigilancia. Será imposible ahora que el Poder Judicial supervise los excesos del Parlamento y le ponga límites. Se ha gestado un monstruo: “el supercongreso”, que vive de espaldas al país y que, además, no cuenta con ningún respaldo ciudadano.

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Y no es exclusividad del TC esta politización de la justicia. También el Ministerio Público ha iniciado investigaciones a partir de las declaraciones del ministro de Educación, Óscar Becerra, que han sido desmentidas por todo aquel que sepa interpretar presupuestos. Lo dicho por el titular del Minedu es una burda mentira. Las consultorías en un 80% corresponden a las evaluaciones o contrataciones de docentes, etc., que se realizan en el sector y no corresponden a la realización de asesorías técnicas, que son las que se cuestionan.

La acusación de copamiento de la Sunedu o del CNE tiene que ver con la cortina de humo con la que se ha pretendido acallar las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte que ha propinado un golpe de muerte a la calidad educativa en el Perú.