El periodismo amenazado

Cuando a un periodista le niegan el acceso a la fuente oficial e inclusive lo amenazan por el simple pedido de información, es que hemos descendido notablemente en nuestros estándares democráticos.

Porque si hay algo que caracteriza a una democracia es que existen derechos plenos de información, de opinión, de expresión y de prensa, todos ellos conculcados y limitados en este caso. Tampoco se respeta el deber del sector estatal de garantizar la transparencia, obligatoria para cualquier estamento público.

Pese al retroceso en la intentona de negarle la información y de amenazarlo si la usaba, es necesario el recordatorio del compromiso de la autoridad para con la ciudadanía y del derecho a todo periodista de ejercer su profesión, sin mordazas ni cortapisas.

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Eduardo Cabral, de La Encerrona, solicitó al Comando Conjunto de las FF. AA. la información sobre el armamento y las municiones usadas por la institución castrense en las acciones militares en Ayacucho, Junín y Apurímac, regiones en las que perdieron la vida decenas de compatriotas.

Al no lograr respuesta a su solicitud, apeló a la obligación de la institución de entregarla, mediante el Tribunal de Transparencia, respaldado en la ley de acceso a la información. Fue entonces que recibió la amenaza de acciones legales en su contra por parte de la Procuraduría del Ministerio de Defensa si es que publicaba sus investigaciones.

No es la primera vez que este periodista es amenazado por revelar información considerada clasificada por la institución castrense. Algo similar ocurrió en la publicación de los Guacamaya Leaks, una serie de comunicaciones catalogadas como secretas por parte de los ejércitos de varios países latinoamericanos.

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El Ministerio de Justicia dice que el sector Defensa tiene la obligación de dar la documentación solicitada y le ha dado la razón al periodista. El Mindef ha retrocedido en su amenaza y ha dado garantías para el ejercicio profesional de Cabral. También se pronunciaron las organizaciones que defienden la libertad de prensa y de acceso a la información.

La situación de peligro ha sido conjurada. Aunque queda aún mucho camino por delante para que el actual Gobierno actúe dentro de los parámetros de la ley, el Estado de derecho y en el marco democrático, que obliga al respeto pleno de las libertades y justicia para los ciudadanos.