Esta democracia ya no es democracia, por Jo-Marie Burt

La semana pasada, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado sobre el grave deterioro de la crisis de derechos humanos en el Perú.

En el comunicado, publicado el 9 de febrero, WOLA refiere a una reunión que sostuvimos la presidenta, Carolina Jiménez, y yo, como asesora principal de la institución, con la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, en nuestra oficina en Washington, DC. La Embajada del Perú nos solicitó reunirnos con la canciller para conversar sobre la situación de derechos humanos en el país.

Nuestro comunicado reitera las preocupaciones que expresamos en esta reunión, especialmente nuestra indignación sobre el uso excesivo de la fuerza letal en el contexto de las protestas, así como los reportajes de detenciones arbitrarias, allanamientos de locales de organizaciones de sociedad civil y partidos de oposición, y la incursión violenta policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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En particular, rechazamos el alto número de civiles muertos y heridos durante las protestas: 60 civiles y un policía muertos y más de 1.200 heridos. Llamamos la atención especialmente sobre las 49 personas que murieron por impacto de proyectiles de arma de fuego que, según la evidencia testimonial, audiovisual, y en algunos casos balística, apunta a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

Aplaudimos que el gobierno apoye una investigación fiscal sobre los hechos. Sin embargo, acertamos que “la impunidad generalizada de las violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad peruanas atempera las esperanzas de una rendición de cuentas efectiva”.

Además, anotamos que los mensajes de la presidenta y otros altos funcionarios de su gobierno de elogio a las fuerzas de seguridad y que vilipendian a los manifestantes —felicitando a la Policía por su “conducta inmaculada” mientras culpan a los manifestantes de provocar el “caos”— socavan la confianza en que el Gobierno está comprometido a garantizar la rendición de cuentas y prevenir nuevos abusos.

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El reportaje publicado por IDL-Reporteros el domingo, que reconstruye los hechos del 15 de dic. de 2022 en Ayacucho, cuando diez personas murieron, recalca esta preocupación. La investigación demuestra que al menos seis de los fallecidos murieron a causa de disparos de las Fuerzas Armadas, y que en ninguno de los casos investigados representaban algún peligro para la vida. También identifica a los responsables del operativo militar. Y al punto: menciona que, si bien la fiscal Karen Obregón dio inicio a una investigación, a la fecha “ningún mando militar ha rendido su manifestación ante el despacho de la fiscal”.

La impunidad es parte de un orden social basado en la represión y la violencia, no de una democracia. Como se escucha en las protestas a lo largo y ancho del país, “esta democracia ya no es democracia”.