De muros y vergüenzas

Finalmente, el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el “muro de la vergüenza” que divide los distritos de Villa María del Triunfo y La Molina. Decisión que se caía por su propio peso, dada la grosera violación a derechos como el de la no discriminación y el del libre tránsito, pero que demoró cuatro años en decretarse. ¿Por qué?

Como ha señalado Cecilia Méndez en su columna la semana pasada, hay líneas divisorias tácitas en nuestra sociedad, que separan a quienes son considerados ciudadanos con derechos y quiénes no.

Algunas líneas nos dividen permanentemente incluso dentro de nuestras ciudades. Marcan muchos “adentro y afuera” cotidianos que, aunque los hayamos normalizado, son terriblemente violentos. El muro de Villa María del Triunfo era el más simbólico, la segmentación social se legitimaba sobre la supuesta existencia de organizaciones criminales, traficantes de tierras y ladrones, que “toman” los cerros desde Villa María y comienzan a ingresar al distrito de La Molina y ponen en riesgo a sus vecinos. Se tenía que “contener” al crimen y la manera fue edificar un muro. No se resuelve el problema de la criminalidad, ni se combate. Se le deja “afuera” y se estigmatiza a un distrito entero bajo esta lógica. Ese muro es uno vergonzoso y debe derribarse, pero no es el único.

En nuestro litoral hay muchos muros levantados por asociaciones de propietarios de casas de playa que cercan sus condominios y bloquean el acceso a un espacio público por excelencia: el mar. Bajo el argumento de la protección contra el crimen violan impunemente el derecho de todos al libre tránsito y al disfrute de bienes públicos. Cínicamente, la privatización es en realidad la protección del privilegio y la negación de la solución de los problemas sociales y la criminalidad. No importa que existan, lo que importa es que no “ingresen” a su zona de confort. La SBN y la propia Contraloría han emitido resoluciones señalando la ilegalidad de esta práctica, pero hasta ahora no pasa nada. Nadie retira los muros. Las playas siguen de facto privatizadas.

Dentro de la ciudad, instituciones públicas, equipamientos deportivos, incluso parques, son cercados permanentemente. El parque del Migrante en La Victoria o La Videna en San Luis, en lugar de ser regeneradores urbanos, que produzcan valor público y orgullo colectivo, se mantiene como espacios cerrados, amurallados, casi ocultos.

Ni contemplación ni uso. Miremos la reacción de la municipalidad de Chorrillos ante el uso espontáneo de las piletas públicas. En lugar de entender la necesidad ciudadana de espacios de esparcimiento que generen goce en momentos de calor y adaptarlos para ese fin, lo que se hace es apagar las piletas y quitar el agua.

No se debe seguir permitiendo la exclusión del disfrute ciudadano de los bienes y espacios públicos, peor aun cuando son parte de una estrategia de privatización. Eso es lo que debe dar vergüenza.