Los cuatro jinetes del apocalipsis, por Ariela Ruiz Caro
“¿Es esto injerencia en los asuntos internos del país? Sí. Los países suelen emitir juicios sobre otros y plegarse a condenas a gobiernos en el ámbito internacional...”.
Nadie en el Perú duda de que Pedro Castillo dio un golpe de Estado fallido el 7 de diciembre, con lo que le puso en bandeja de plata su cargo a un Congreso prepotente, y con altos índices de corrupción, que lo asedió desde antes de que asumiera el cargo con las teorías del fraude electoral, acusaciones infundadas de traición a la patria, tres intentos de vacancia, y una denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, sobre quien muchos destacan su supuesta rectitud, pero pocos sus oscuros antecedentes como el haber retirado a la fiscal que investigaba a su hermana Emma, la jueza investigada por presuntas vinculaciones con el narcotráfico.
Que Castillo esté preso purgando prisión preventiva por 18 meses acusado de rebelión y conspiración, y que el Congreso le haya levantado, entre gallos y medianoche, un fuero especial sin el debido proceso –en complicidad con la Fiscalía y el Poder Judicial– es considerado como un abuso de poder.
En este contexto los presidentes de Colombia, México, Argentina y Bolivia emitieron el 12 de diciembre un controvertido comunicado de apoyo a Castillo. Lo inadmisible de este es que se refiera a Castillo como presidente, y no reconozca a Dina Boluarte como tal. El resto del texto es una posición común respetable. Señalan que el líder peruano fue objeto de un antidemocrático hostigamiento que derivó en su destitución como jefe de Estado el pasado 7 de diciembre. Piden a las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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¿Es esto injerencia en los asuntos internos del país? Sí. Los países suelen emitir juicios sobre otros y plegarse a condenas a gobiernos en el ámbito internacional: el embargo a Cuba, la dictadura en Nicaragua, se insta a las fuerzas armadas de Venezuela desde el Grupo de Lima a desconocer a Maduro para proclamar a Guaidó como presidente; o no se dice nada cuando hay un intento de invasión como la operación militar Gedeón para derrocar a Maduro en Venezuela. Sin ir más lejos se calificó a la OEA de injerencista cuando esta presentó recientemente el informe preliminar sobre la crisis en el Perú.
Con este marco de análisis, el comunicado de los cuatro presidentes es claramente político. La destitución de Castillo representa un revés para los intentos de los gobiernos electos de centro izquierda en la región de tener posiciones más autónomas y coordinadas en la arena internacional en un escenario de pugna por el poder hegemónico mundial.
Chile y Brasil no han firmado ese comunicado, pero la canciller Antonia Urrejola ha dicho no creer que Castillo es un golpista, mientras que Lula se ha limitado al contenido formal y ha dicho que Boluarte es la presidenta constitucional –lo cual es cierto– pues se encuentra con el puñal de Bolsonaro en la yugular, hasta que no sea proclamado presidente.
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La salida de Castillo no hará posible la foto de la Alianza del Pacífico teñida de rojo o rosado. Los presidentes Boric, AMLO y Petro habían proyectado venir a Lima el 14 de diciembre, ya que el Congreso no le dio permiso para asistir a la Cumbre realizada en México. Dina Boluarte ha nombrado como presidente del Consejo de ministros a su exministro de Defensa, Alberto Otárola, responsable político del asesinato de 20 de las 27 personas fallecidas desde que se decretó el Estado de Emergencia Nacional. Su gobierno será tutelado por las Fuerzas Armadas que coordinarán, probablemente, con el Comando Sur. La protesta no cesará y se gestarán embriones de violencia, con vándalos que se infiltrarán. Para las demandas del país, abril de 2024 parece una fecha lejana. Boluarte tendrá un nuevo aliado, Guillermo Lasso de Ecuador, quien acaba de firmar la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos 2022, una estrategia de fomento al comercio ligada a la Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional de Estados Unidos.